El ministro de Fomento, José Blanco, ha trasladado en los últimos dos días a varios representantes de constructoras la reticencia que existe en la banca a financiar nuevos proyectos incluidos en un plan de inversiones adicional al Plan de Infraestructuras. Gobierno y empresarios coincidieron en que se haga efectivo dicho plan en breve, y que se realice a través de una colaboración público-privada. Ahora bien, las conversaciones siguen abiertas en torno al verdadero problema y «hándicap» para un posible acuerdo: la financiación.

Lo que se pide desde el sector (Seopan, CNC, Asociación de Fabricantes de Impermeabilizantes Asfálticos, Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública, entre otros) es una inversión extraordinaria, de unos 30.000 millones frente a los 15.000 millones que propone el Ejecutivo, que se financiaría por tercios y en los próximos tres años. Un tercio con financiación privada, otro tercio, con financiación pública pero con pagos aplazados -en varias anualidades-, y un último tercio, con financiación presupuestaria.

Fuentes del sector lo explican: «un tercio de la inversión sería financiada por los presupuestos públicos, pero a través de un crédito que se subvencionaría no con gasto público, sino con deuda, lo que no imputaría como déficit, ya que la institución pública lo recuperaría. Esto a su vez, ayudaría a que el sector bancario financiara con menos penalización. Se trataría de aplicar la fórmula de los créditos participativos, ya utilizada en épocas pasadas, en la última etapa del Gobierno del PP. Fue el caso de los tramos de autopista construidos entre Santiago y Orense.

En total, esta ayuda equivaldría al 3% del PIB anual (unos 10.000 millones cada año que resta de legislatura). Con estos recursos se anticiparían obras de carreteras y ferrocarril ya en construcción o de próxima licitación.

Otro tercio de este plan adicional, se abonaría mediante el denominado «método alemán» (el Estado paga a la constructora la obra cuando ya está acabada), con pagos a partir de 2012. El tercio restante de financiación se realizaría mediante distintos sistemas concesionales, como el llamado «peaje en sombra» (la constructora recupera la inversión explotando la infraestructura de carretera o ferrocarril que construye).

No obstante, la petición que realiza ahora el sector no es nueva. Desde la patronal se ha pedido ya en varias ocasiones. De hecho, el propio presidente de Seopan, David Taguas, lo advertía en diversos foros: «Hay un acuerdo bastante generalizado en todas las economías desarrolladas sobre que una de las formas de sentar las bases para la recuperación económica es desarrollar nuevos planes de infraestructuras». Para Taguas, estos planes tendrían una doble finalidad. En el corto plazo cuentan con un carácter estabilizador, dado que «pueden ayudar a mitigar la caída de la demanda agregada», y «ayudan a mejorar la productividad y la renta per cápita en el medio y largo plazo». Varias fuentes explican que esta inversión adicional no tendría por qué realizarse con cargo a los presupuestos, «se puede utilizar la financiación privada en el momento en que los mercados financieros se abran».

Mientras, fuentes financieras creen que sí hay financiación pero para los «buenos proyectos de infraestructuras que tengan retornos adecuados», si bien aseguraron que han reclamado a la Administración que aporte más garantías al sector para minimizar los riesgos asociados a quiebras o expropiaciones. Las mismas fuentes explican que sin haber una sequía en los créditos, es necesario abrir el mercado a alternativas de liquidez, como los bonos de proyectos, con el fin de lograr financiación de los inversores institucionales.

La banca, que se reunió la semana pasada con Blanco, demandó un mayor uso de los créditos participativos, así como volver a una mayor responsabilidad patrimonial por parte de la Administración y fijar avales o garantías del Estado para cubrir riesgos de quiebras de las constructoras.