El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió el pasado miércoles y «en paralelo» a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera a «cofinanciar» el Plan Plurianual de Convergencia Interior que prepara la Junta de Castilla y León y que supondrá una inversión, a partes iguales, de unos 900 millones de euros en los próximos tres años. «Alguien puede valorar la oportunidad del momento», se limitó a señalar un día después el presidente de esta comunidad, Juan Vicente Herrera (PP), al anunciar, «con la autorización» correspondiente, el pacto alcanzado «al máximo nivel» entre ambos gobiernos y que causó sorpresa tanto por la fecha como por la ausencia de negociaciones previas. Después de que ayer ABC desvelara que la ministra de Economía, Elena Salgado, ofreció a Galicia más dinero a cambio del «sí» al modelo -que al final no se produjo-, este movimiento refuerza la teoría de que el Ejecutivo perseguía la división interna en el PP, tanto en la votación como en la valoración posterior del nuevo sistema.

Ninguna de las dos administraciones quiso dar más explicaciones -la Junta habló de las «buenas relaciones» entre ambos líderes- del por qué y el cómo se cerró un acuerdo que, aunque reclamado por la región, no era prioritario en este momento. La única pista de los posibles intereses del Ejecutivo la dio el pasado jueves el secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, al asegurar que «las tonterías de algunos consejeros -en forma de críticas al modelo de financiación- pueden poner en riesgo los acuerdos alcanzados con el Gobierno central». La amenaza del también diputado nacional iba dirigida directamente a la responsable de Hacienda, Pilar del Olmo, que no ha dejado de poner «peros» al sistema, y al portavoz de la Junta, José Antonio De Santiago-Juárez.

Lo cierto es que, desde la Comunidad, consideran «muy necesarios» los 450 millones de inversión del Gobierno para corregir los desequilibrios internos de Castilla y León y no entran a valorar ni a dar importancia a las prisas de Zapatero. La premura de la decisión del Gobierno se hace aún más evidente cuando la Comisión Bilateral entre Junta y Estado -cuya Presidencia pasa hoy oficialmente a Castilla y León- se iba a centrar en estos primeros meses en la transferencia de la gestión del Duero e iba a dejar para finales de año -cuando se elaborara un borrador del plan- los contactos para «cofinanciar» un programa que sí viene recogido en el Estatuto Autonómico y que el propio Herrera reclamó a Zapatero en el encuentro que mantuvieron en mayo de 2008.