En un comunicado, acusa al Ministerio del Interior de tratar de «aniquilar» al principal partido de la oposición
El ejecutivo valenciano respalda a la alcaldesa ante un ataque «injustificado»
Con indignación por las falsedad de las filtraciones. Así transmitieron ayer diversas fuentes del PP de la Comunidad Valenciana y del Gobierno valenciano cómo recibieron las informaciones sobre la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, denunció ayer «el ataque injustificado que está sufriendo» Barberá con «falsas acusaciones» y exigió al Ejecutivo socialista que ataje de inmediato las filtraciones.
En esta línea, el vicepresidente tercero de la Generalitat y antiguo director general de la Policía Nacional, Juan Cotino, exigió ayer al Gobierno de España que se investigue a la Policía y a la Fiscalía General del Estado. Cotino denunció así la «instrumentalización» que se está haciendo de estos dos organismos.
La indignación y el malestar acumulados en el Partido Popular en los últimos meses por las continuas filtraciones de las investigaciones del «caso Gürtel» estallaron ayer en forma de comunicado, de dos folios y medio, donde el principal partido de la oposición acusa directamente al Ministerio del Interior de estar detrás de estas maniobras contra algunos de sus dirigentes.
«El PP denuncia que está siendo objeto de una campaña sistemáticamente programada y ejecutada de ataque y desprestigio de sus cargos públicos y del propio partido, en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y, como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación», dice el comunicado del PP en su primer párrafo.
El escrito de los populares se hizo público ayer a última hora de la tarde, tras publicarse en los medios del Grupo Prisa una conversación grabada de «El Bigotes» en la que asegura que lleva cuatro años regalando bolsos de lujo a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien negó rotundamente haber recibido ninguna dádiva.
El PP sostiene que las filtraciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial «se utilizan ilegítimamente para menoscabar el honor de las personas y hacerles daño personal y político con fines claramente partidistas». Los populares apuntan al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba como principal responsable: «Resulta especialmente intolerable y una gravísima conculcación que el Ministerio del Interior sea quien esté inmerso en casos tan flagrantes de vulneración de los derechos fundamentales y de abuso perverso de los instrumentos con los que cuenta el Estado de Derecho».
Graves delitos
En el comunicado, el PP recuerda que estas conductas son constitutivas de graves delitos «y no menos graves responsabilidades políticas». Advierte, además, que «quienes de forma concertada, y amparándose en la libertad de expresión, colaboran dando publicidad a estas conductas, sin dar valor a los desmentidos previos, se sitúan al margen de la libertad de expresión que dicen defender y de cualquier regla deontológica de la profesión periodística».
Los populares consideran que la «actitud del Gobierno de la Nación, y de otras instituciones del Estado como la Fiscalía General, de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial».
El PP, que denuncia el intento de «aniquilar» al principal partido de la oposición, exigirá la comparecencia conjunta y urgente de los ministros de Interior y Justicia para que den cuenta de las filtraciones de actuaciones de la Brigada de Policía Judicial.
