Esperanza Aguirre presidió ayer el Comité regional del PP que analizó el nuevo modelo de financiación autonómica
La bajada del 2% del sueldo entrará en vigor en 15 días
El próximo 1 de agosto entra en vigor la bajada salarial del 2% para todos los miembros del Gobierno regional, lo que afectará a 140 altos cargos en plantilla presupuestaria, empezando por la presidenta regional. A todos sus consejeros y viceconsejeros, y a 35 gerentes y consejeros delegados de empresas públicas de la Comunidad de Madrid, incluyendo a 25 gerentes de hospitales. Esta ha sido, sin duda, una de las propuestas más llamativas de Esperanza Aguirre para afrontar la crisis. Y también, una de las más contestadas desde la oposición. Finalmente, el PSOE la apoyó con «matices», pero aprovechó para reclamar que se «elimine la compatibilidad de sueldos entre diferentes cargos».
«Mientras yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid, aquí no se subirán los impuestos. Y si podemos, continuaremos bajándolos». Esperanza Aguirre advierte que el nuevo modelo de financiación autonómica que ayer se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no doblegará su plan de rebajas fiscales. El aviso lo realizó, además, el día en que la Asamblea regional aprobó un paquete de medidas fiscales destinadas a aliviar la carga tributaria de los madrileños.
La presidenta considera que el nuevo modelo de financiación que propone Zapatero deja a la región con las manos atadas para intentar una nueva bajada de impuestos. «Cataluña está intentando por todos los medios que volvamos a recuperar el impuesto de Sucesiones, pero no lo vamos a hacer», apuntó.
Desde Sol se considera que no se puede aceptar un sistema que no garantiza el principio de suficiencia financiera para una comunidad que aporta 28.000 millones de euros en impuestos, de los que 14.000 van directamente para el Estado y otros 5.000 del restante 50% «los devuelve para meterlos en la caja común». «Si las cosas vinieran mal dadas en los próximos años -apuntó ayer Aguirre-, el Gobierno tendría problemas para garantizar la cobertura de algunos servicios. Este modelo nos deja inermes».
Corresponsabilidad fiscal
La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, considera, sin embargo, que al aumentar la corresponsabilidad fiscal se «desenmascara» a gobiernos como el de Esperanza Aguirre, «que tienen la costumbre de tener muy grande la mano para pedirle al Estado y, al mismo tiempo, plantear falazmente reducciones de impuestos que luego no suelen ser tales».
Menéndez realizó estas declaraciones a la salida del pleno de la Asamblea que aprobó el proyecto de ley de Medidas Fiscales, cuyo objetivo no es otro que aportar soluciones a la difícil situación económica por la que atraviesan muchos madrileños. Este paquete de propuestas incluye nuevas deducciones por la compra de una vivienda, la supresión del Impuesto de Actividades Económicas y la bonificación del 100% de los Actos Jurídicos Documentados.
«Medidas demagógicas»
El diputado popular Pedro Muñoz Abrines defendió el texto elaborado por el Ejecutivo regional. «Es breve y sencillo, pero de enorme utilidad para los madrileños», manifestó. Explicó que estas medidas ayudarán, entre otros, a 50.000 empresarios a los que se elimina el recargo sobre el IAE, y a todas las personas que modifiquen sus créditos hipotecarios.
Muñoz apuntó que el PP tiene un modelo para salir de la crisis basado en la bajada de impuestos y destacó que los socialistas pretenden hacerlo incrementándolos.
Los socialistas, por su parte, consideran que las medidas son «más efectistas que efectivas». Maru Menéndez reclamó «medidas útiles para los ciudadanos» y no «puras medidas demagógicas que llaman pomposamente medidas contra la crisis».
Criticó que «la posición del PP haya impedido establecer una ley de medidas contra la crisis» a pesar del nivel de paro de la Comunidad y los datos de evolución del desempleo, que son «peores que en el resto de España».
«Es bastante lamentable -manifestó- que el Gobierno del PP no haya sido capaz de atender las enmiendas que hemos planteado los socialistas y que están en la dirección de luchar contra el desempleo y proteger a las familias que están sufriendo el paro, sobre todo en lo que supone el gasto educativo». En la misma línea se manifestó IU, que calificó las medidas aprobadas como de «amarillismo político».
