Lunes, 13-07-09
LA vicepresidenta Elena Salgado presentó ayer la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica, que resume la política de José Luis Rodríguez Zapatero de contentar a todas las autonomías. Según Salgado, el criterio principal del nuevo sistema será garantizar la prestación de servicios públicos básicos, como educación y sanidad, con una aportación per capita igual en todas las comunidades. La población se configura como la base de cálculo principal, aunque la ministra Salgado aseguró que se habían tenido en cuenta las exigencias de las autonomías, tales como la dispersión de la población, el envejecimiento o el territorio. Además anunció la creación de diversos fondos tendentes a facilitar la convergencia entre territorios, entre otros objetivos. La descripción del nuevo sistema fue superficial y, en ocasiones, confusa. Careció de cifras que cuantificaran realmente los incrementos de financiación -de las que por la tarde sí presumieron comunidades como Cataluña y Andalucía-, porque lo que debía quedar claro en la comparecencia es que este sistema teóricamente va a dar más dinero del que ya reciben las autonomías. Es decir, no se parte de cero. A la exposición le faltaron contenidos, y esto hace que la valoración de la propuesta que verá el Consejo de Política Fiscal y Financiera sea provisional. Pero nada se dijo de cómo se afrontarán los incrementos de fondos a las autonomías y cómo el Estado se asegurará recursos una vez que se hagan efectivos los traspasos a las autonomías de los nuevos tramos de los impuestos especiales (58 por ciento), IRPF e IVA (50 por ciento). La subida de impuestos es el capítulo escondido de este sistema, que en las condiciones actuales de recesión, aumento incontrolado del gasto y desplome de la recaudación tributaria, tiene una viabilidad financiera más que dudosa, salvo a costa de aumentar el déficit público.
Políticamente, el objetivo de Zapatero es amarrar el apoyo de los partidos catalanes y pacificar la situación del PSC con ERC. Sencillamente, Zapatero se garantiza votos y cierta estabilidad a cambio de 3.855 millones adicionales para Cataluña. Es evidente que la oferta de más dinero será difícilmente rechazable en tiempos de crisis, pero también lo es que hay que aplicar una mínima visión de futuro. El Gobierno sabe dónde están sus apoyos electorales y no va a escatimar recursos para asegurar su fidelidad. Es cierto que había que modificar el sistema de financiación autonómica, porque hay comunidades que precisan más dinero para atender su nivel de desarrollo social y económico. Pero el problema de este nuevo plan no ha sido el sistema aprobado en 2001 con el PP en el Gobierno, como pretendió hacer ver la ministra Salgado al comienzo de su intervención, sino la improvisación constante del Ejecutivo de Zapatero en su modelo de Estado, tanto en lo financiero como en lo territorial. En lo que afecta al PP, la propuesta del Gobierno no puede funcionar como una trampa para su unidad interna. Un partido con sentido nacional debe combinar la satisfacción de intereses regionales con el bien general de la nación. Al PP le corresponde, como hizo ayer su portavoz económico, Cristóbal Montoro, poner sentido crítico y realismo a este nuevo ejercicio de voluntarismo del Gobierno socialista, que no deja de esconder un chantaje a las comunidades del PP para intentar dejarlas en evidencia cuando reciban el dinero pese a oponerse al nuevo sistema.

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