El cementerio de los 1.500 millones

Las cifras no son baladíes y aunque el pliego de condiciones económicas aún no se ha cerrado, fuentes oficiales explican que el consistorio que acoja esta infraestructura ingresará alrededor de doce millones de euros anuales durante, al menos, 80 años (960 millones de euros de mínimo), y se beneficiará de inversiones públicas por otros 500 millones de euros. En total, una jugosa cifra de 1.500 millones de euros.

En cuanto al impacto que esta instalación tendrá sobre el empleo de la zona, las mismas fuentes calculan que entre su construcción y mantenimiento se generarán unos 1.500 puestos de trabajo a los que la posterior construcción de un centro tecnológico contiguo añadirá 350 empleos, ambas cifras entre operarios e ingenieros.

Cinco comarcas candidatas

Para esta carrera, parten con ventaja las comarcas que ya alojan instalaciones nucleares y, en concreto, las regiones de Guadalajara (centrales de Trillo y Zorita), Tarragona (plantas de Ascó y Vandellós), Cáceres (Almaraz), Castilla y León (Garoña) y Valencia (Cofrentes).

Ello es así por varios motivos. El primero es la idoneidad técnica que debe cumplir la geografía del lugar y que ya satisfacen los emplazamientos que acogen a plantas nucleares. En estos criterios se encuentran la necesidad de evitar zonas con facilidad para experimentar sucesos bien naturales (movimientos de tierras, fallas, tornados...) bien inducidos por el hombre que puedan atentar contra la seguridad de la instalación.

Lugares rechazados

También se desecharán los emplazamientos cuyas condiciones puedan facilitar la transferencia del material radioactivo al medio ambiente, o que cuenten con datos de densidad de población que dificulten la adopción de medidas de emergencia llegado el caso.

El segundo criterio es la «voluntariedad», que según Industria marcará el proceso. Los consistorios que quieran alojar el ATC tendrán que sopesar algo más que las buenas cuentas que les reportará la instalación ya que su población, de forma mayoritaria, tendrá que ser partidaria de acoger el proyecto, una condición más factible de conseguir en los municipios ya acostumbrados a convivir con la energía nuclear.

El plazo, no obstante, se abrirá en el mes de septiembre para todos los consistorios interesados. Una vez cerrado el periodo de solicitudes, la comisión interministerial creada al efecto será la encargada de resolver el concurso de un macroproyecto que tardará entre cuatro y cinco años en construirse y por el que, sin duda, habrá codazos por ganar.