AL igual que sucede con la violencia doméstica, el acoso laboral o los comportamientos agresivos en el seno de la comunidad escolar, el sector sanitario sufre también las consecuencias del deterioro creciente en la convivencia social. Es muy preocupante que el 11 por ciento de los médicos manifieste que ha sido objeto de agresiones físicas y que el 64 por ciento reconozca haber sufrido amenazas, coacciones o insultos a cargo de pacientes, con datos muy similares para los servicios de enfermería. Hace algún tiempo saltó a la luz el asesinato de un médico en Moratalla (Murcia), mientras se incrementan el temor y la desconfianza entre los profesionales de la Sanidad con el lógico deterioro de la calidad de sus prestaciones. En determinados centros situados en barrios conflictivos -como ocurre en El Raval barcelonés- los afectados han adoptado medidas de autoprotección a través del sistema informático, fiel reflejo del clima de tensión en que desarrollan su trabajo. Estamos, por tanto, en presencia de un serio problema que los responsables del Ministerio de Sanidad y de las consejerías autonómicas tienen que afrontar sin demora en coordinación con las fuerzas de seguridad correspondientes.

Por desgracia, está muy extendida una mentalidad que plantea exigencias imposibles de satisfacer en el ámbito de la salud y otras prestaciones sociales. La frustración se descarga sobre los profesionales que atienden al paciente agresivo y que no disponen con frecuencia de los medios necesarios para controlar esas reacciones. La universalización del sistema de salud es, por supuesto, un fenómeno muy positivo pero obliga a prestar atención a otras consecuencias colaterales que sitúan en condiciones de indefensión a los médicos y al resto del personal sanitario. Es urgente un estudio riguroso de la realidad sociológica en nuestros hospitales y centros de salud para ofrecer soluciones caso por caso, sin descartar medidas del máximo rigor cuando se incurra en conductas que merezcan una sanción penal o administrativa. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar la seguridad ciudadana en todos sus niveles, en especial cuando los hechos afectan directamente a la prestación de un servicio público. Un médico atemorizado, desconfiado o indignado no está en disposición de ejercer su profesión en las condiciones adecuadas. Es imprescindible actuar cuanto antes y dedicar al asunto los recursos públicos que sean necesarios, aunque algunos políticos prefieran mirar para otro lado.