El Departamento de Justicia se inclina a favor de abrir una pesquisa criminal por las torturas practicadas a presuntos terroristas tras el 11-S
El ex vicepresidente Dick Cheney / AFP
Actualizado Domingo, 12-07-09 a las 22:00
Dentro de la contumaz polémica en torno a las tácticas anti-terroristas utilizadas por la Administración Bush tras el 11-S, el último escándalo se centra en las obligaciones que tiene la Agencia Central de Inteligencia desde su fundación en 1947 de informar sobre sus actividades al Congreso de Estados Unidos. Según el "New York Times", la CIA ha ocultado al Legislativo uno de sus especiales programas durante casi ocho años por "órdenes directas" del entonces vicepresidente Dick Cheney.
Leon Panetta, el actual director de la CIA designado por el presidente Obama, habría confirmado esos manejos en una reunión de emergencia celebrada el mes pasado con los respectivos comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes. Además, Panetta habría ordenado la inmediata suspensión de ese misterioso programa, cuyos detalles exactos permanecen todavía en secreto.
De acuerdo a los limitados indicios que circulan por Washington, este proyecto de la CIA no tendría que ver con todo el trasiego internacional de presuntos sospechosos de terrorismo, interrogatorios coercitivos y el programa de prisiones secretas autorizados por el anterior gobierno de Estados Unidos. Tampoco formaría parte de esfuerzos de espionaje electrónico. Se trataría más bien de un esfuerzo embrionario dedicado a obtener informaciones para realizar misiones secretas en el extranjero.
Miembros demócratas en la Cámara Baja han expresado ya el deseo de abrir una investigación formal sobre el programa oculto de la Agencia Central de Inteligencia, con el fin de examinar tanto su naturaleza como la decisión de ser mantenido al margen del Congreso. Según estos parlamentarios, resulta especialmente problemático la existencia de una orden especifica de la Casa Blanca para mantener al Legislativo a oscuras sobre las actividades de la CIA.
Junto a todas estas consideraciones sobre el control parlamentario de los servicios de inteligencia también ha trascendido que el fiscal general Eric Holder se encuentra dispuesto a abrir una pesquisa criminal sobre las torturas practicadas por personal de la CIA a presuntos terroristas capturados tras el 11-S. Una decisión que de materializarse iría en contra de los deseos de la Administración Obama de pasar página, evitar conflictos paralizantes con los republicanos y concentrarse en una ambiciosa agenda legislativa.
Se espera que el fiscal general tome una decisión formal durante las próximas semanas. Según ha indicado Matt Miller, portavoz oficial del Departamento de Justicia, Holder tiene intención de "seguir los hechos y la ley". En este sentido, el fiscal general ya ha indicado que no piensa perseguir a aquellos funcionarios que actuaron dentro de las directrices elaboradas por la Administración Bush pero sin descartar enjuiciamientos para aquellos que se extralimitaron.
