El curso político ha llegado a su fin con una importante carga económica. Parece que por fin el debate económico se va centrando, que no serenando, debido a la resistencia de algunos partidos por bajar a la realidad y buscar soluciones para los problemas que no son pocos. Los avances de los últimos días han sido de calado. En materia financiera y bancaria, la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) constituye una excelente noticia esperada desde hacía tiempo por ciudadanos, entidades, empresas y mercados. En el ámbito económico, el real, el objetivo inmediato es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PPGG) para el año 2010. No creo que nadie razonable pueda justificar un ejercicio sin PPGG en la situación actual, por ello es de justicia reconocer la responsabilidad de las fuerzas parlamentarias que apoyaron o que se abstuvieron en las votaciones del techo de gasto y del objetivo de estabilidad presupuestaria.

La responsabilidad de unos, que tendrá continuidad o no en el debate definitivo de los PPGG y en la votación final, no exime de obligaciones al resto, desde luego no al Gobierno, que como ha hecho con el FROB está obligado a buscar un buen acuerdo que sirva para acometer 2010 con suficientes garantías para superar y remontar previsiones que sitúan en 2011 el abandono de los números rojos mientras que algunos países europeos, e incluso los Estados Unidos, lo harían antes en la segunda mitad de 2010.

El FROB, los acuerdos del último Consejo Europeo para crear un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, así como de tres nuevas autoridades europeas de supervisión -banca, bolsa y seguros-, y el plan de supervisión financiera presentado por Obama, son elementos sustantivos que permiten aventurar cambios inminentes y positivos en el sector financiero global.

Así, la economía real se convierte en prioridad, y no sólo en relación a los PPGG, también viene ya la Ley para la Economía Sostenible. El debate sobre el cambio de modelo de crecimiento va tomando cuerpo y lo único que se echa en falta es la voluntad del principal partido de la oposición por participar en el mismo. He escrito en ocasiones que no es fácil cambiar de modelo y mucho menos desde las instituciones. Las economías viven en un cambio de modelo productivo constante, y lo mejor que puede hacerse desde el Gobierno es contribuir a que la estructura de incentivos permita una evolución hacia sectores de futuro, o una aceleración de esa tendencia. Si hace dos años había en nuestro país 50.000 empresas inmobiliarias no se debía a la irracionalidad de sus propietarios sino a que la estructura de incentivos conducía a ello. Hemos desperdiciado mucho espíritu emprendedor por culpa de esa deficiente estructura de recompensas y una no mejor regulación de nuestros mercados. Pero esa orientación inducida desde los incentivos debe medirse con suma cautela para evitar errores a medio y largo plazo, o el desarrollo artificial de sectores sin porvenir.

El cambio de modelo debe ir acompañado de otro tipo de transformaciones estructurales horizontales vitales para nuestra economía. Sin duda la de la educación, o la reforma de nuestras políticas de internacionalización de empresas e incluso de la acción exterior del país en su conjunto.

El Gobierno está realizando un gran esfuerzo para apoyar la mejora de la competitividad exterior de las empresas españolas. El programa del PSOE para las elecciones generales de 2008 contiene un amplio catálogo de medidas, pero hay que ir más lejos. Carecemos de un modelo general de relación global de nuestro país con el exterior que consiga hacer entender, desde las grandes empresas hasta la última pyme, que al cambiar el modelo de crecimiento, el tipo de producción que se debe buscar es precisamente aquél que permita vender, intercambiar e incluso proveerse en cualquier lugar del mundo. Para lograr este objetivo es necesario hacer un esfuerzo que va más allá del que puedan hacer los organismos y autoridades dedicadas a la promoción del comercio exterior. Hace falta una reordenación desde arriba hacia abajo de la acción exterior de nuestro país en su conjunto.

Esa necesidad constituye una transformación estructural de nuestra sociedad de la misma intensidad que el cambio de modelo de crecimiento. Es más, si aprendemos a relacionarnos de otro modo con el resto del mundo cambiaremos nuestro modelo de crecimiento. Existe el compromiso del Gobierno de adoptar una ley reguladora del marco de la acción exterior del Estado y de su servicio exterior, que defina el ámbito, los instrumentos, los mecanismos de coordinación y los objetivos de la acción exterior del siglo XXI -Parlamento, Ministerios, Administraciones Públicas, empresas, sociedad civil-. Esa reforma, si pretende ser un éxito, debe incluir no sólo un plan de medios, de capacidades -no tenemos instrumentos acordes con nuestra población, potencial cultural y económico del idioma español, PIB o influencia política-, de coordinación de instituciones, de crecimiento y racionalización de estructuras, sino también y sin excepción de los instrumentos comerciales exteriores. Hasta ahora las reformas de la acción exterior o de las políticas comerciales han sido rehenes de los intereses corporativos de un par de grandes cuerpos de funcionarios de la Administración del Estado. Mientras, las comunidades autónomas cuentan con un total de 215 oficinas y unidades administrativas repartidas por 37 países. Si no lo conseguimos el cambio de modelo productivo no será posible.

JUAN MOSCOSO del prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE) y Doctor en CC. Económicas