EL ministro de Industria ha justificado el cierre de la Central Nuclear de Santa María de Garoña afirmando que es políticamente coherente, laboralmente responsable, técnicamente justificable, energéticamente asumible y además por problemas de capacidad para almacenar los residuos. Nada más lejos de la realidad.

1.-El cierre de una central nuclear por motivos políticos tiene dos consecuencias negativas para el sector. Por un lado, se envía una señal confusa a la sociedad porque puede percibir erróneamente que las centrales nucleares no son seguras, cuando sí lo son; y por otro, pone en duda la fiabilidad del Consejo de Seguridad Nuclear, que es quien evalúa la seguridad, es independiente de las Administraciones Públicas y de los titulares de las instalaciones, y sólo rinde cuentas ante el Congreso. A la presidenta del organismo, Sra. Martínez Ten, la ha dejado sin más salida que es la dimisión. Por lo tanto no ha sido políticamente coherente.

2.-El sector nuclear español emplea a más de 30.000 personas (de los cuales el 40% de alta cualificación) y la CN de Santa María de Garoña emplea de forma directa e indirecta a unos mil trabajadores, lo que implica una pérdida significativa de empleos de calidad para, en el mejor de los casos, pasar de tener un gran motor industrial en el Valle de Tobalina a la promesa de fomentar el turismo. Por lo tanto, es laboralmente irresponsable.

3.-El Consejo de Seguridad Nuclear tiene como misión proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura. Si el CSN ha garantizado la seguridad de Santa María de Garoña, quiere decirse que no hay justificación técnica para su cierre.

4.-La Unión Europea tiene como objetivo reducir un 30% las emisiones de CO2 en 2020 y hoy España ostenta la nada envidiable segunda posición en toda la OCDE, tras Corea del Sur, en emisiones de gases efecto invernadero siendo. España es uno de los países más contaminantes del mundo y Santa María de Garoña, como las demás centrales, no producen CO2.

5.-En cuanto al combustible gastado, hay que decir que el Gobierno del PSOE ha sido incapaz de decidir siquiera dónde construir un Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) para los residuos. Para ello, en 1999 PP y PSOE casi cerraron un pacto del que los socialistas dimitieron por motivos estrictamente electoralistas. Hoy el ATC estaría construido y operando, pero no hay ni proyecto. Sebastián tiene paralizada a la Comisión Interministerial encargada del asunto y miente al decir que Santa María de Garoña cierra porque satura sus piscinas de almacenamiento de combustible antes de 2013, cuando en realidad estaba en marcha un plan para ampliar esos recintos, con lo que se solucionaba el asunto hasta 2019.

Más le valdría al ministro y al Gobierno preocuparse de los residuos procedentes de Francia resultantes del reproceso de los combustibles generados durante la operación de la CN Vandellós 1, que volverán a España el año que viene, en 2010, de acuerdo con las condiciones contractuales leoninas que pagaremos también todos en el recibo de la luz gracias a la ineficacia y dejadez de este Gobierno.

6.-Sebastián es capaz de tergiversar argumentos técnicos y medioambientales, pero destaca el hecho de que no haya sido capaz de mentir mejor en un tema que sí domina: el económico. Por esto ante la amenaza de tener que subir el precio del recibo de la luz por el cierre de la CN de Santa María de Garoña ¿qué hacer?, pues subirlo antes de cerrarla. Así pues el cierre de Santa María de Garoña ya ha provocado la subida del 2% en el recibo de la luz. Vendrán más subidas. Pero será por otras razones.

En definitiva, estamos ante una decisión arbitraria, carente de justificación y que es únicamente fruto del capricho ideológico de ZP que se puso en su adolescencia la pegatina «nucleares no» y todavía no ha sido capaz de actualizar sus prejuicios pese a los enormes problemas energéticos actuales de España, de tener una mínima reflexión al respecto y darse cuenta de que es el presidente del Gobierno.

(*) Miembro de la ponencia de Seguridad Nuclear