EL sudoku sigue siendo imposible. Después de muchas reuniones, giras ministeriales y fotos aquí o allá, las cuentas no encajan a efectos de la financiación autonómica y todo apunta a que tampoco esta vez se cumplirá el último plazo -15 de julio- fijado por Rodríguez Zapatero. A pesar del voluntarismo del presidente del Gobierno, los círculos no son cuadrados ni los números pueden manipularse al servicio de la imagen partidista. El mensaje de que «todos salen ganando» resulta pura y simplemente una falsedad. Si unas comunidades autónomas quedan por encima de la media, es inevitable que otras queden por debajo. A mayor abundamiento, las formaciones políticas que el Ejecutivo necesita como socios para completar una precaria mayoría parlamentaria exigen expresamente que Cataluña aparezca en la «lista» de los ganadores para demostrar ante su clientela que tienen capacidad de presión. En rigor, el Ejecutivo ha buscado fórmulas en las que aparentemente todos salen beneficiados porque las cifras absolutas son superiores a las que perciben hoy día, todo ello naturalmente a costa de que el Estado reduzca de forma notable su participación en el conjunto del gasto público. Sin embargo, muchas comunidades no están dispuestas a que disminuya su porcentaje en la distribución total porque ello implica una ruptura del principio constitucional de solidaridad y, a medio plazo, perjudica directamente al sistema de bienestar. En la práctica, el Gobierno plantea un mecanismo que beneficia especialmente a Cataluña, feudo electoral del PSOE, con el señuelo aparente de una mejor financiación para todos que no consigue engañar ni siquiera a otras regiones gobernadas por los socialistas.

Mientras el estatuto catalán se eterniza ante el TC, el efecto dominó provocado por una norma que altera el modelo de organización territorial sin modificar la letra de la Constitución da lugar a un despliegue insolidario de los intereses particularistas en perjuicio del interés común a todos los españoles. El Gobierno incumple de forma patente su obligación de garantizar los derechos de todos los ciudadanos por mucho que pretenda guardar las formas con un fondo de suficiencia y otros mecanismos artificiales. Lo único cierto es que los compromisos de Rodríguez Zapatero con sus socios radicales rompen la coherencia del sistema y dejan al descubierto planteamientos egoístas que resultan incompatibles con un Estado moderno basado en la ciudadanía y no en el privilegio. Es lamentable el espectáculo de la «rapiña» generalizada ante la pasividad y la debilidad del Gobierno de España. Por desgracia, el interés coyuntural del PSOE se sitúa por encima de la política de Estado, ya que las instrucciones del presidente a sus subordinados se limitan a un imposible deseo de quedar bien con unos y con otros y a conseguir que las cuentas cuadren «como sea». Dado que no se puede contentar a todos al mismo tiempo, el plazo está a punto de vencer y la negociación sigue planteando un escenario complejo, muy lejos de un acuerdo que tendría que pasar por el reconocimiento de que hay ganadores y perdedores. A día de hoy, es posible que algunas comunidades opten por quedar al margen, lo cual supondría un problema adicional para desarrollar una programación racional del gasto público.