Lo han dicho con la boca pequeña -no a nivel de presidente autonómico, sino de consejero- y con matices, pero eso ya es suficiente para atisbar que la propuesta de modelo de financiación autonómica que pondrá sobre la mesa el Gobierno satisface a Cataluña y Andalucía. Parece que Zapatero ha echado el resto para salvar el apoyo al nuevo sistema de estas dos Comunidades, que son las que más diputados aportan al Congreso y donde se han sustentado buena parte de las últimas victorias electorales. Lo demás, el rechazo o el apoyo del resto de las Comunidades, es la música, más o menos afinada, de una partitura que terminarán interpretando, porque a todas les hace falta el dinero y nadie se puede quedar fuera.

Avances en Cataluña

A seis días del plazo fijado por el Ejecutivo para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el consejero de Economía de Cataluña, Antoni Castells, dio ayer la pista definitiva que desvela la satisfacción de su Gobierno, aunque ERC no da su brazo a torcer. Existen «condiciones» para el acuerdo, reconoció; «es evidente que en las últimas semanas se ha producido un avance importante en la negociación, tanto en relación con el modelo como en la cuantía». El único pero, para que el entreguismo no sea total, es que falta por solventar el escollo de la «ordinalidad», un concepto del Estatuto y que implica que Cataluña no puede quedar por debajo de las autonomías que reciben recursos solidarios.

Conseguido ya el sí de Cataluña, el de Andalucía ya se recibió el martes, después de la entrevista entre la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. La sensación para la consejera andaluza de que la reunión fue «aclaratoria» y «tranquilizadora» dejaba claro cuál será la posición de Andalucía. Pero más transparente fue su declaración de que se mostraba satisfecha porque recibirán el 18,46 por ciento del nuevo modelo, la misma cifra que recibe ya.

Aunque Martínez Aguayo escenificó el respaldo al nuevo modelo, la realidad es que éste se lo dio el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, a Zapatero, en la reunión que mantuvieron a final de 2008. Si el Gobierno se comprometía a abonar la «deuda histórica», principal caballo de batalla de Chaves contra el Gobierno del PP, el apoyo a la financiación estaba garantizado.

Con la tranquilidad de contar con el apoyo de los dos graneros de votos del PSOE, al Gobierno poco le importa lo que suceda con el resto de Comunidades. De hecho, a ninguna ha desvelado sus cartas, es decir, el dinero que recibirán. Aún más, no lo hará hasta que decida convocar el CPFF, según reconocen fuentes del Ministerio de Economía. La convocatoria tiene que realizarla 72 horas antes de su celebración, con lo que éste es el plazo que tendrán las regiones para analizar el documento que les remita el Gobierno. Si la reunión se celebra el 15, o el 14, como apuntó ayer el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, este fin de semana se conocerán los datos definitivos. ¿Serán nueve mil millones como apuntó Chaves o los 12.000 de los que habló Martínez Aguayo, al afirmar que «es una cifra que ellos están barajando»?

Esta demora en la remisión de los datos ya está provocando malestar en las Comunidades del PP. El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, reconoció ayer sentirse «molesto» por «no tener ni idea de cómo está el sistema de financiación o cómo afecta a la comunidad riojana». Además, afirmó que «nadie» le ha «llamado para dar una cifra» y que «La Rioja no ha negociado nada. No tenemos horquilla ni cifra cerrada».

Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconoció también que sólo dispone de «alguna información inconcreta, difusa y, desde luego, ningún criterio de cómo se llega a esa propuesta». Este grado de desconocimiento le lleva a advertir de que existe la posibilidad de no firmar un eventual acuerdo si no lo considera satisfactorio. En esta misma línea se situó el vicepresidente segundo y consejero de Economía de Valencia, Gerardo Camps, quien afirmó que no aceptarán un modelo de financiación que no destine más de 1.400 millones, ya que apunta a que la cuantía total será «muy superior» a los 9.000 millones. Las últimas dos Comunidades del PP en sumarse a esta línea crítica ha sido la de Castilla y León y Madrid. El portavoz del Ejecutivo de Herrera acusó al Gobierno de estar «robando» si no se le otorga el 6,4% de los recursos». El vicepresidente de Madrid, Ignacio González, rechazará una oferta que no garantice los servicios de 6,4 millones de habitantes.

Entre las Comunidades gobernadas por el PSOE, la más crítica con el Gobierno ha sido Baleares. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Joana Barceló, aseguró que la propuesta que está encima de la mesa «no es aceptable», al no alcanzar lo que el Gobierno cree justo para las islas. Aragón matizó su posición y su presidente, Marcelino Iglesias, considera que sería «imprudente» fijar su posición sin conocer las cifras.

Congreso y financiación

El tiempo juega en contra del Gobierno en la recta final de la negociación del nuevo modelo. El objetivo es que este acuerdo se cierre el día 15, fecha en la que también está convocada la Diputación Permanente del Congreso, donde se debatirá la comparecencia del presidente para explicar la situación económica. El Grupo Socialista está retrasando la presencia de Zapatero hasta conocer si hay acuerdo de financiación, ya que su intención es que si el presidente se sube a la tribuna de la Carrera de San Jerónimo, tenga un triunfo que vender. A falta de un acuerdo social, bien pudiera ser el autonómico.