Viernes, 10-07-09
Si cuando Rodríguez Zapatero planteó reformar el sistema de financiación autonómica, en 2004, de lo que estábamos hablando era de repartir a las autonomías dinero que le sobraba al Estado -superávit-, hoy en pleno apogeo de la crisis económica, lo que está haciendo el Gobierno es dar un dinero que no existe, que no se recauda, y que tendrá que obtenerse emitiendo deuda pública.
Desde que hace ya casi cinco años el presidente abrió el melón de la reforma de la financiación autonómica, antes incluso de conocer los resultados del nuevo sistema que había puesto en marcha el Gobierno Aznar en 2003, las peticiones de las Comunidades no han dejado de crecer. Y las regiones, algunas más que otras, no parecen quedar satisfechas con nada.
El problema es que de forma bilateral Rodríguez Zapatero se comprometió con Cataluña a poner en marcha un modelo de financiación, que luego había que extrapolar al resto de las comunidades. El problema es que Cataluña insiste en que su financiación debe estar por encima de la media, y para que esta Comunidad esté por encima de la media, alguien tiene que estar por debajo y, como es lógico, a eso nadie está dispuesto. El problema es que no todo el mundo puede estar mejor que los demás.
Pero en los debates no se está planteando, como denuncian algunos expertos consultados, la necesidad de recortar el gasto público.
En un momento de crisis económica como el actual, y de fuerte caída de la recaudación de impuestos, muchos analistas aseguran que el sistema debería incluir compromisos de reducción del gasto por parte de las comunidades autónomas. En su día se aprobó la Ley de Estabilidad presupuestaria para exigir el equilibrio de las cuentas públicas a todas las administraciones. Pero ahora esta ley es insuficiente porque se han saltado todos los límites.
Los gobiernos regionales denuncian que están asfixiados y que con los recursos que tienen no pueden sostener los servicios públicos. Esta es la baza con la que juega el Gobierno. El nuevo sistema les da más recursos, por lo que si el Ejecutivo les da un ultimátum, las regiones en las que el PSOE o el PP gobiernan en solitario tendrán que aceptarlo sí o sí.
