QUE todo el mundo es inocente hasta no ser declarado culpable por un tribunal es una de las normas básicas de la democracia. Pero que un líder político está obligado a no verse en la situación de tener que esperar a que la justicia le declare inocente, lo reclama su cargo. Si la mujer del César debe de parecer honesta, más aún debe de parecerlo el Cesar.

En el «caso Camps», choca sobre todo la desproporción entre las imputaciones y el imputado. Que el presidente de una comunidad tan importante y próspera como la valenciana se vea acusado de cohecho por recibir cuatro trajes suena, de entrada, a chiste. Por cuatro trajes, por bien cortados que estén, no se compra ni un concejal de ayuntamiento menor. Pero algo ha tenido que ver el magistrado instructor para abrir causa. En otro caso, estaríamos ante un error garrafal de la justicia o, peor aún, ante su instrumentalización con fines políticos, que, por lo desorbitado, descartamos. Algo ha tenido que ver, pues, el magistrado para proceder al enjuiciamiento, y que Camps no haya dado todavía explicaciones sobre esos trajes, cuando hubiera sido tan fácil aclarar que llegaron a su armario de la forma normal, da pie a una reflexión muy grave sobre él: o el presidente de la Generalitat Valenciana ha sido extremadamente ingenuo en su trato con elementos turbios que prestaban servicios -cobrándolos, naturalmente- a su comunidad, o ha sido de una negligencia extrema en lo que se refiere a sus cuentas privadas. Pero tanto si fue incapaz de ver los manejos escabrosos de Correa y su camarilla como si los vio pero no les concedió importancia, supondría un baldón para su capacidad como gestor público, al margen de las responsabilidades penales en que pudiera haber incurrido.

Queda siempre la posibilidad antes apuntada de un error de enjuiciamiento, que aclarará la apelación, y la más remota de que, ya en juicio, no pueda probarse el supuesto cohecho, lo que acarrearía una sentencia de inocente por falta de pruebas. Algo suficiente para cualquier ciudadano, pero no para un líder político. Francisco Camps podría haberlo evitado explicando desde el primer momento a la ciudadanía cómo pudo verse envuelto en este embrollo sin haber tenido arte ni parte en él, como asegura. Que pudo equivocarse, que pudieron incluso engañarle, pero que él no se vende por cuatro trajes ni por cien. En situaciones como ésta, mejor quedar como tonto que como corrupto. Pero ha elegido el camino más largo y complicado: el judicial, y ahora tendrá que explicarlo a nueve ciudadanos, en representación del resto, que decidirán sobre su honor y sobre su destino. Una apuesta mucho más arriesgada. Para él y para su partido. Pero ha sido su elección. Y de eso no puede ya echar la culpa a nadie.