Juan Luis De la Rúa, Juan Montero y José Francisco Ceres. Tienen en sus manos el futuro político del presidente de la Generalitat Valenciana. Son los tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que habrán de validar o tumbar el auto dictado por su compañero, José Flors. El instructor del «caso Gürtel» cree que Camps, su número dos, Ricardo Costa, y otros dos ex altos cargos del Gobierno valenciano deben sentarse en el banquillo de los acusados y ser juzgados por un tribunal popular por aceptar trajes de la trama corrupta de Francisco Correa. De la Rúa, de orientación conservadora, es el presidente del TSJ. Está en funciones. Su mandato expiró el lunes y aunque aspira a renovar por tercera vez, sus opciones para seguir no son seguras. En el sector progresista del CGPJ su nombre provoca recelo; y los vocales conservadores, sus apoyos naturales, barajan otro nombre porque lo que quieren es conservar la plaza de Valencia a toda costa. Desde el PP se escudriña hasta el detalle cada paso que da en este caso.

José Francisco Ceres es el último en llegar a la Sala de lo Civil y Penal. Aterrizó en 2005 en medio de cierta sorpresa -por su juventud y, a juicio de algunos, corta trayectoria jurídica- y rodeado de polémica. En 2007 el Supremo anuló su nombramiento por falta de motivación. En 2009 fue confirmado. Es, dicen, un «fiel escudero» de De la Rúa «y de quien mande en la APM».

Empatía con Flors

De los tres es Montero el que más sabe de Derecho Procesal. Es catedrático en la materia. Toda una referencia en el mundo jurídico hace años, hoy está «dogmáticamente algo eclipsado». No es juez de carrera. Ingresó en el TSJ por designación de las Cortes Valencianas a propuesta del PP. Quienes le conocen le describen como un juez tan «riguroso» y «meticuloso» como Flors, con el que tiene una gran empatía personal y profesional que les ha llevado a escribir libros juntos.