El cierre de la central burgalesa conllevará importantes costes de desmantelamiento y reducirá el beneficio de sus propietarias, Endesa e Iberdrola. El Gobierno quiere que ambas corran con la factura
EFE Interior de la vasija del reactor de la central de Garoña
CATORCE PRETEXTOS
La legislación española permite al Gobierno apartarse del criterio del Consejo de Seguridad Nuclear si fundamenta su decisión. Éstas son las razones que ha esgrimido el Ejecutivo:
1.- «Los principales componentes de Garoña fueron diseñados bajo la hipótesis de vida de 40 años»
2.- «Este horizonte se contempla en la legislación a los efectos de cálculos y planificación»
3.- «La central supone el 1,3% de la producción total nacional. Por tanto, su cese no tiene repercusión sobre la garantía de suministro de electricidad»
4.- «El reconocimiento del coste del inmovilizado de esta central finalizó en 1996 y se encuentra completamente amortizado»
5.- «Debido al incremento de las fuentes renovables se da lugar a un exceso de capacidad»
6.- «La fecha de cese es congruente con la política del Gobierno sobre utilización de las fuentes de energía renovables»
7.- «El Parlamento Europeo establece como objetivos obligatorios nacionales alcanzar una cuota del 20 % de energía renovable para 2020»
8.- «El exceso de oferta genera condiciones restrictivas para el acceso preferente de las energías renovables previsto en la legislación española»
9.- «La generación de Garoña puede sustituirse por medidas de ahorro y tecnologías renovables sin incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero en España»
10.- «La explotación de la central debe hacer compatible el vertido térmico con los umbrales y garantías de vigilancia descritas en la normativa vigente»
11.- «El Gobierno impulsará un plan de actuaciones para el desarrollo económico del entorno»
12.- «Resulta procedente una renovación de la autorización de explotación por el período mínimo necesario»
13.- «La no disponibilidad de un Almacén Temporal Centralizado aconseja prolongar el funcionamiento hasta 2013»
14.- «La legislación prevé que las autorizaciones caducan por el cumplimiento del plazo señalado en la autorización»
1.- «Los principales componentes de Garoña fueron diseñados bajo la hipótesis de vida de 40 años»
2.- «Este horizonte se contempla en la legislación a los efectos de cálculos y planificación»
3.- «La central supone el 1,3% de la producción total nacional. Por tanto, su cese no tiene repercusión sobre la garantía de suministro de electricidad»
4.- «El reconocimiento del coste del inmovilizado de esta central finalizó en 1996 y se encuentra completamente amortizado»
5.- «Debido al incremento de las fuentes renovables se da lugar a un exceso de capacidad»
6.- «La fecha de cese es congruente con la política del Gobierno sobre utilización de las fuentes de energía renovables»
7.- «El Parlamento Europeo establece como objetivos obligatorios nacionales alcanzar una cuota del 20 % de energía renovable para 2020»
8.- «El exceso de oferta genera condiciones restrictivas para el acceso preferente de las energías renovables previsto en la legislación española»
9.- «La generación de Garoña puede sustituirse por medidas de ahorro y tecnologías renovables sin incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero en España»
10.- «La explotación de la central debe hacer compatible el vertido térmico con los umbrales y garantías de vigilancia descritas en la normativa vigente»
11.- «El Gobierno impulsará un plan de actuaciones para el desarrollo económico del entorno»
12.- «Resulta procedente una renovación de la autorización de explotación por el período mínimo necesario»
13.- «La no disponibilidad de un Almacén Temporal Centralizado aconseja prolongar el funcionamiento hasta 2013»
14.- «La legislación prevé que las autorizaciones caducan por el cumplimiento del plazo señalado en la autorización»
Sábado, 04-07-09
La decisión política de cerrar la central nuclear Santa María de Garoña en el año 2013 esconde una elevada factura económica que el Gobierno no ha querido sacar a relucir. De un lado, a la clausura de la planta burgalesa seguirá el complicado proceso de desmantelamiento de sus instalaciones. De otro, el cese de explotación al menos seis años antes de lo previsto tendrá un impacto negativo en los ingresos de sus compañías propietarias, Endesa e Iberdrola. En suma, más de 450 millones de euros.
El coste de tan elevada factura está por ver en quien recae. El Gobierno asegura que según los cambios legislativos del Real Decreto 6/2009, las eléctricas tendrán que asumir todos los gastos, incluyendo el de desmantelamiento que hasta ahora se financiaba con el recibo de la luz. Las empresas, por su parte, aseguran el citado texto remite a una normativa posterior que no está desarrollada y que, en todo caso, la decisión de cierre será recurrida en los tribunales con reclamaciones de daños y perjuicios. Si la causa de las propietarias saliera adelante, sería el erario público y, por tanto, los españoles los que tendrían que pagar.
Según explicaron ayer a ABC fuentes de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) el coste del desmantelamiento de Garoña superará fácilmente los 200 millones. Este cálculo, aún provisional, se desprende de que para la planta clausurada de Zorita los técnicos han previsto un presupuesto de 180 millones para cubrir las tareas a realizar durante los diez años de trabajo que conllevará el proceso de desmantelamiento. Dado el mayor tamaño de Garoña, así como la tecnología más avanzada y compleja de su reactor, no será difícil que su desmantelamiento se lleve por delante más de 33.000 millones de las antiguas pesetas.
En cuanto al impacto que el cierre de la central tendrá en la actividad económica de sus propietarias, el banco de negocios Citigroup afirmaba ayer que el beneficio bruto de explotación de Iberdrola y Endesa menguará en 43 millones anuales entre 2014 y 2019; en total 258 millones entre los seis ejercicios, sin contar la prórroga adicional por otros diez años que según el CSN podría haber solicitado Garoña en 2019 para operar hasta 2029.
Decisión «irreversible»
Pese a las implicaciones del cierre de la planta, el Gobierno redactó ayer la orden ministerial que santifica su decisión (ver apoyo a la derecha) reconociendo, la conguencia de su resolución «con la política del Gobierno». La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró así que la clausura es «irreversible» y que el Ejecutivo se ha reservado la potestad de revocar la prórroga si aprecia que las propietarias retrasan el proceso de clausura. Con este «as en la manga» el Gobierno quiere asegurarse que ningún futuro Ejecutivo pueda revocar su decisión de cierre, que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, espera explotar electoralmente en los comicios de 2012.
