El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha confirmado en rueda de prensa que el Gobierno cerrará la central nuclear de Garoña el 5 de julio de 2013 y que asegurarán la recolocación de «todos y cada uno de los puestos de trabajo de la central», aunque no ha precisado cómo lo conseguirá.

Sebastián ha justificado la decisión del cierre dentro de cuatro años en cuatro razones: «es políticamente coherente, laboralmente responsable, técnicamente justificable y energéticamente asumible».

Esta última razón se fundamenta, según el ministro de Industria, en que España tiene ahora mismo «un exceso de capacidad del sistema eléctrico en términos de garantía de suministro». En caso de que esta capacidad se viera reducida por el aumento de la demanda, Sebastián ha asegurado que «hay tiempo más que de sobra para desarrollar más energías renovables que pudieran sustituir esa capacidad que se perdería en 2013».

Asimismo, asume que con el cierre en 2013, el PSOE está «cumpliendo el programa electoral, apostando por una economía sostenible y por las energías renovables».

Además, califica la decisión de «laboralmente responsable», porque se cuenta con un margen de cuatro años para desarrollar una «buena alternativa industrial para garantizar el empleo de todos y cada uno de los trabajadores y contribuir a revitalizar la actual coyuntura económica».

Un plan indefinidoAunque la realidad, a la luz de las palabras del titular de Industria y del de Trabajo, es que el plan «alternativo» no está muy definido aún. Tan sólo han apuntado vagamente a un «plan de accion territorial» dirigido a la revitalización del turismo y las infraestructuras en la zona, con un objetivo claro: la creación de puestos de trabajo en la zona en un número «igual o superior al actual», además de la compensación económica a aquellos ayuntamientos que se vean afectados por la desaparición de Garoña.

Decisión irreversible«Tenemos una ventaja que debemos saber aprovechar que es que la UE permite en esta zona ayudas directas a fondo perdido a la inversión de nuevas actividades económicas», ha explicado Celestino Corbacho, que no ha sabido precisar el coste de este «plan alternativo» para las arcas públicas. «Será la consecuencia de las determinaciones que adquiera el plan. El coste será el que sea necesario».

En cuanto a la posibilidad de que la decisión pudiera ser reversible, Sebastián, en un tono algo ambiguo, ha explicado que la orden ministerial contempla los pasos que la empresa tiene que dar para cesar la actividad, así como las inversiones para los próximos cuatro años, por lo que el escenario de reversibilidad «no se contempla».

Respecto al futuro del resto de las centrales nucleares españolas, el ministro de Industria ha adelantado que todas las centrales podrán seguir operando al menos hasta que alcancen los cuarenta años «siempre que cumplan todas las condiciones que establece el Consejo de Seguridad Nuclear».