Tras una reunión a puerta cerrada que se ha demorado desde el martes hasta el amanecer del miércoles, la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington ha marcado un plazo de 72 horas para que Honduras rehabilite en su cargo al depuesto presidente Manuel Zelaya. Si las autoridades "de facto" en Tegucigalpa ignoran ese requerimiento, Honduras verá suspendida su participación en la principal institución multilateral del continente americano. Con la posibilidad de enfrentarse también a sanciones económicas de carácter colectivo.

Según José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, la expulsión de Zelaya es "un golpe a la vieja usanza, algo que creíamos imposible en este hemisferio". A su juicio, "debemos demostrar claramente que los golpes militares son inaceptables". Como parte de ese acuerdo forjado en Washington, el depuesto presidente Zelaya se habría comprometido a esperar al menos tres días antes de su prometido retorno a Honduras, donde el gobierno interino le ha amenazado con una inmediata detención.

La OEA, regida por la Carta Democrática adoptada en el 2001, se ha declarado "gravemente preocupada con la crisis política en la República de Honduras como resultado de un golpe de estado" que ha provocado "una alteración inconstitucional del orden democrático". Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha solicitado una visita a Honduras para evaluar la situación de más treinta personas desaparecidas o detenidas tras el golpe consumado el pasado domingo. Mientras que el Pentágono ha confirmado la suspensión de operaciones conjuntas en Honduras, donde mantiene una significativa presencia militar.