José Luis Rodríguez Zapatero no sólo está encontrando una fuerte contestación entre los barones territoriales socialistas en cuestiones como la financiación autonómica, sino que incluso los principales gobiernos autonómicos del PSOE no han dudado en sumarse a la organización, con otros Ejecutivos del PP, de una Conferencia de Presidentes que convocarán unilateralmente y en la que no se prevé la participación del Ejecutivo central.

Consejeros de cuatro comunidades gobernadas por el PSOE -Andalucía, Cataluña, Baleares y Aragón- y de dos regiones populares -Comunidad Valenciana y Castilla y León- anunciaron ayer en Valencia la celebración, a principios de 2010, de una conferencia en la que no estarán presentes ni Zapatero ni ningún otro representante del Gobierno de España.

Durante la noche del pasado domingo, víspera del cuarto encuentro entre Comunidades autónomas que han reformado recientemente su estatuto, celebrado ayer, la Generalitat Valenciana trazó con los representantes de las autonomías socialistas las líneas maestras de la conferencia.

Desaire a Chaves

Entre ellos estaba el consejero de Presidencia de la Junta andaluza, Antonio Ávila, que, con su plácet, deja en una posición más que incómoda al vicepresidente tercero, ministro de Política Territorial y ex presidente andaluz, Manuel Chaves, que ayer mismo se entrevistaba con su sucesor en la Junta Andaluza, José Antonio Griñán.

A la conferencia, que tendrá lugar entre enero y febrero de 2010 tras su convocatoria formal a finales de este año, estarán invitadas todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla.

El germen de esta cita han sido los encuentros que, desde el año pasado, mantienen estas seis regiones que han reformado sus estatutos. Lo que se inició como un instrumento para cooperar y firmar convenios para convalidar cuestiones de competencia autonómica -como las licencias de caza y pesca o, como se aprobó ayer, el carné de manipulador de alimentos- ha mutado en la avanzadilla de un proceso mayor. Estas regiones quieren que parte de los «inconvenientes de la descentralización» se resuelvan sin la tutela del Estado.

El consejero de Gobernación valenciano, Serafín Castellano, anunció, en el marco de este proceso, la creación de una «Secretaría», con sede en Valencia, que organizará la tramitación de los convenios y convalidaciones entre estos seis territorios. Será una administración interregional que funcionará al margen del Gobierno central.

Pero el hecho sustancial de estos contactos está en su inequívoca carga política. «Hemos marcado una perspectiva política a estos encuentros», ratificó ayer el consejero de Interior de Cataluña, Joan Saura. El modelo, explicó, mira al espejo de los «länders» del Estado federal alemán y quiere enterrar «treinta años de relación vertical».

Esta idea de «horizontalidad» es la que rige en el proceso emprendido. La Conferencia de Presidentes al margen del Estado -iniciativa que intentó capitalizar el presidente extremeño,Guillermo Fernández Vara, también socialista- es el paso más gráfico en este sentido.

Sobre la conferencia que ha de convocar Zapatero, los representantes autonómicos demandaron su celebración inmediata. Una cita no excluye a la otra: «son complementarias», dijo el consejero valenciano. Como anunció Chaves, en ese encuentro se abordarán y se intentarán conjugar los distintos sistemas anticrisis emprendidos por el Estado y las regiones.

«Rebelión autonómica»

La «insuficiente» financiación autonómica sobrevoló el encuentro en Valencia. El complicado «sudoku» que tiene que solventar el Gobierno concentra buena parte del «enfado» con Zapatero. Pero la nómina de agravios se agranda. Los consejeros populares y socialistas denunciaron ayer la reiterativa «invasión» del Estado, mediante la fórmula del decreto, en ámbitos competenciales de las comunidades autónomas. Y lamentaron no poder tener voz propia en la UE. Todo ello, concluyeron, se quiere explicitar en una declaración conjunta al término de la conferencia que puede sentar las bases de una «rebelión autonómica» que promete convertirse en un nuevo quebradero de cabeza para Zapatero.