Cuando han pasado ya siete años desde que la Unión Europea empezó a reformar sus reglas del juego, un nuevo nubarrón ha surgido en el horizonte. Ayer el Tribunal Constitucional alemán decidió que el Tratado de Lisboa, que sustituye a la fallida Constitución, sólo es compatible con la Ley Fundamental de Bonn si la Unión renuncia a convertirse un día en un Estado federal y si se fortalece el control del parlamento alemán sobre la gestión de los asuntos europeos por el gobierno. Es posible que esta decision sólo retrase la ratificación alemana del pacto, hasta que las nuevas medidas internas sobre el papel de su parlamento nacional entren en vigor. Pero una vez más se demuestra que Alemania ya no es la locomotora europea y que en el fondo es un país normal, que en época de crisis económica y en ausencia de líderes europeos con un proyecto de comunidad mejor, acepta a regañadientes las nuevas etapas de integración.

La sentencia puede dar alas a los euroescépticos en países que aún no han ratificado el Tratado de Lisboa: Polonia, la República Checa e Irlanda –pendiente de segundo referendum el 2 de octubre. En especial, la decision será celebrada en el Reino Unido, donde si hay elecciones en los próximos meses y llega al poder David Cameron -como buen conservador ingles ignorante y atrevido en cuestiones europeas- convocaría un referendum mortal sobre el Tratado, a pesar de las obligaciones internacionales ya contraidas.

El aviso alemán tiene algo de déjà vu: nos devuelve a la famosa sentencia Maastricht en 1993, sobre la ratificación de éste pacto, también repleta de desconfianza, armada hasta los dientes de condiciones y sustentada en una visión romántica similar, según la cual o todos alemanes o todos europeos –nada de eso tan cosmopolita de democracia en varios niveles de gobierno. Es una lástima que el Tribunal alemán, que influye mucho sobre los demás constitucionales europeos, no adopte a estas alturas una comprensión más profunda y sofisticada de las bases jurídico-políticas de la integración, conforme a la cual los tratados europeos y las constituciones nacionales mantienen cada uno su autoridad normativa propia y se relacionan en virtud de un principio de tolerancia constitucional. En vez de ofrecer luz sobre el proceso de integración, han preferido pintar en su margen un semáforo naranja.