Una patada a la legalidad puso fin a un desafío a la ley. De madrugada, el Ejército acabó de un plumazo con el referéndum al que Manuel Zelaya había convocado a la ciudadanía y, de paso, con el propio mandato del presidente hondureño. Un grupo de soldados irrumpió en la residencia de Zelaya; su guardia personal ofreció resistencia y en el enfrentamiento se habrían producido heridos y tal vez muertos, relataron fuentes próximas al mandatario. Éste fue conducido a una base aérea y deportado después a Costa Rica. La canciller, Patricia Rodas, también fue detenida y existe orden de captura de todos los miembros del Gobierno.

Desde el aeropuerto de San José, «en pijama y sin calcetines», Zelaya denunciaba haber sido víctima de un «secuestro brutal». Todavía «con mucho miedo», relató cómo los militares «entraron a balazos en el palacio y mis guardaespaldas aguantaron veinte minutos. Ahora voy a ir a Managua como presidente de Honduras a exigir los derechos del pueblo hondureño». A éste le reclama que exija mediante la «desobediencia civil pacífica» el fin de un «gobierno usurpador que surge por la fuerza». Zelaya había reconocido que la intervención de EE.UU. fue decisiva para impedir el jueves un golpe militar. Ayer, en cambio, exigió a la embajada de EE.UU. que «aclare que no está detrás (de la asonada)».

Jura su sucesor

Medios locales señalaron que las Fuerzas Armadas procedieron por instrucciones del Tribunal Supremo ante la comisión de un acto ilegal (la convocatoria de una consulta no autorizada). El Congreso anuncia después que Zelaya entregó una carta de «renuncia irrevocable» motivada por «problemas insuperables de salud». Zelaya lo niega y denuncia un «complot político». Como colofón, los parlamentarios decidideron destituirlo por «generar un clima de confrontación, división y zozobra al grado de poner en peligro al Estado de Derecho».

Así, la Asamblea designó a su presidente, Roberto Micheletti, como jefe provisional del Estado ante la ausencia de vicepresidente (Elvin Mejías renunció para postularse como candidato). Tras jurar su cargo, Micheletti negó que haya habido un golpe de Estado.

En Tegucigalpa, las emisoras de radio fueron silenciadas excepto para difundir música (no militar, sino salsa). El transporte público y el suministro eléctrico fueron suspendidos, mientras vehículos militares se apostaban en puntos neurálgicos. Los canales de TV fueron sacados del aire: el 6, opositor, aún pudo dar cuenta de la detención de Zelaya; el 8, oficialista, apenas tuvo tiempo de difundir un cartel para convocar a la ciudadanía a manifestarse ante la Casa Presidencial.

Allí, protegidas las verjas por nerviosos soldados con la bayoneta calada, unos cententares de personas se reunieron al grito de «¡Queremos a “Mel”!»... Cuatro encapuchados con palos, un par de neumáticos ardiendo y cierta tensión al abrirse las puertas para que salieran unos funcionarios que se habían quedado dentro. «Quieren mantener arrodillado al pueblo y no dejarle que se manifieste», se desgañita un tipo con megáfono. «Cuente usted lo que está pasando», le insta al reportero una señora antes de echar a correr: no es por una carga antidisturbios, sino para trincar una de las camisetas que alguien reparte desde un camión. Y, con la que está cayendo, aún hay quien insiste: «Compañeros, no olvidemos que tenemos que votar. Aquí están las urnas...».