No hay manera de que el gobierno Obama consiga hilar una postura coherente sobre los presos de Guantánamo. Ahora es el departamento de Justicia el que filtra a la prensa un memorándum considerando que los entre 50 y 60 presos que se espera sean juzgados por una comisión militar especial –en aplicación de una doctrina de George W. Bush inicialmente rechazada por Barack Obama- deben tener por lo menos “algunos” derechos constitucionales. Básicamente, que no se utilicen en su contra confesiones obtenidas bajo “técnicas muy duras de interrogatorio” que las asociaciones de derechos civiles califican más bien de tortura.

Esta opinión del departamento de Justicia discrepa de la del departamento de Defensa, que teme que todos sus esforzados interrogatorios queden en nada. Alegan que las confesiones involuntarias son “la parte del león” de las confesiones obtenidas, según informaba este lunes The Wall Street Journal.

Esta guerra interna emerge meses después de que Obama se eche atrás en su compromiso de poner a todos los expresos de Guantánamo a disposición de la justicia ordinaria, y sólo días después de que haga suya otra controvertida medida de Bush: contemplar el encarcelamiento indefinido sin juicio de personas contra las que no hay ninguna prueba, con el argumento de que se teme que cometan actos terroristas si quedan en libertad.