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Los parados sin prestaciones podrían recibir 422 euros durante seis meses
CHEMA BARROSO / Decenas de parados esperan su turno en una oficina de la capital de España
Sábado, 27-06-09
Los parados que hayan agotado las prestaciones contributivas y asistenciales podrían disfrutar de una ayuda de 422 euros mensuales durante seis meses.
Esta es una de las propuestas -adelantadas en estas páginas el lunes pasado- recogidas en el borrador sobre el diálogo social redactado por la Oficina Económica de La Moncloa y enviado a la CEOE, CC.OO. y UGT, según confirmó ayer este periódico. En principio, Gobierno, empresarios y sindicatos deberían llegar a un acuerdo sobre el diálogo social antes del 31 de julio.
El mencionado documento explica que la percepción de esa nueva prestación de 422 euros estaría ligada a que el parado asista a cursos de formación del Inem. En el Ministerio de Trabajo calculan que serían entre 200.000 y 300.000 los desempleados que podrían acogerse a esta ayuda extra.
Lo que no está todavía claro es de dónde saldrán los aproximadamente 100 millones de euros que costaría esta nueva prestación, si del Gobierno central o de las comunidades autónomas, que son las que tienen asumidas las competencias sobre las prestaciones no contributivas.
Además, mientras el Ministerio de Trabajo ha planteado que sea el Estado quien financie ese gasto y que las comunidades autónomas se encarguen de los cursos, el Ministerio de Economía no es partidario de asumir todo el coste y quiere que sea compartido por los gobiernos regionales.
Aunque los sindicatos habían pedido esta ayuda para los parados que hayan agotado las prestaciones entienden que seis meses es poco tiempo dada la gravedad de la crisis actual y van a exigir que se prolongue durante un año.
Rebaja de cotizaciones
Otra de las propuestas es la rebaja selectiva y limitada en el tiempo de las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan las empresas. Esta cuestión es el «caramelo» que el Gobierno ofrece a los empresarios para que se adhieran al acuerdo. Y es que tanto el Ejecutivo como los sindicatos se han negado rotundamente a una posible rebaja generalizada de las cotizaciones, aunque podrían estar abiertos a que exista una reducción temporal de las mismas vinculadas a un determinado tipo de contrato.
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