Viernes, 26-06-09
El Gobierno y el Partido Popular lograron a última hora de ayer un acuerdo sobre el nuevo plan de reestructuración del sistema financiero, que el Consejo de Ministros prevé aprobar hoy a través de un real decreto.
El pacto conlleva dotar de más armas al Banco de España para que pueda defenderse de los posibles vetos autonómicos a las fusiones entre cajas de ahorros. Así, la nueva normativa prevé que, en los casos en los que haya ayudas públicas, existirá la obligación formal de elegir la opción más barata. De este modo, en el caso en el que se presenten varias alternativas de fusión de una caja con otras de su misma comunidad o de otra, el Banco de España podrá exigir que se opte por la opción más eficiente y negar fondos en aquellos casos en los que las autonomías elijan otras opciones.
Además, el nuevo decreto con el que se regulará la reestructuración bancaria, hará mención específica a la actuación de la Comisión Nacional de Competencia en los procesos de concentración.
Los populares también han logrado el sí del Ejecutivo al establecimiento de un estricto control parlamentario sobre las operaciones de rescate. Así, la norma obligará al subgobernador del Banco de España a comparecer en una comisión del Congreso de los Diputados cada vez que se produzca la intervención de una entidad. En concreto, se fijará un plazo de 30 días desde el momento de la intervención para que el subgobernador explique la operación.
También se refuerza la responsabilidad de los administradores en su gestión. En el proyecto inicial del Ejecutivo, los administradores solo eran sustituidos en el caso de que interviniera el nuevo Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El plan pactado con los populares prevé que en cualquier caso en el que haya ayudas públicas, el Banco de España revise la gestión de los administradores.
Por último, el acuerdo incluye la obligación de hacer un informe sobre las emisiones de deuda que se efectúen para dotar el nuevo Fondo de Reestructuración Bancaria.
