CON una clara división interna, el Consejo Fiscal, órgano consultivo y asesor del Fiscal General del Estado, ha aprobado un informe que constituye el primer revés jurídico para el anteproyecto de ley de ampliación del aborto. El documento repasa meticulosamente las principales novedades normativas del anteproyecto y desmantela con precisión todos los tópicos y falsedades de apariencia jurídica en los que se basa el reconocimiento del aborto como derecho de la mujer. Al margen de las afirmaciones literales del documento aprobado por el Consejo Fiscal, sus críticas a la reforma del aborto demuestran que la iniciativa del Gobierno va a tener que superar oposiciones muy solventes de naturaleza jurídica y de orden constitucional. Hasta ahora, la propaganda del Gobierno se había centrado en descalificar las críticas tachándolas de integristas, agrediendo a la Iglesia Católica sin motivo y descalificando como clericales todos los argumentos, por científicos o jurídicos que fueran, a favor de la vida de los no nacidos. Hace pocos días, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calificó de «retrógrados» a los críticos con el aborto.

El informe del Consejo Fiscal es el primer aviso para la arrogancia del Ejecutivo en el planteamiento de una reforma hecha con frivolidad y sectarismo, pero también lo es para la superficialidad de los argumentos con los que ha sido defendida, hasta el rídiculo personal, por la ministra de Igualdad. Mientras este departamento utilizaba eslóganes para promocionar la ampliación del aborto, los fiscales han desvelado todas las carencias constitucionales del anteproyecto, demostrando que el debate sobre la terminación del embarazo con la muerte del feto es un hecho de extraordinaria gravedad, sobre el que hay disparidad de criterios en Europa y en el que concurren principios elementales del Derecho y la ética, ninguno de ellos considerados con rigor y seriedad por los redactores del anteproyecto. La protección de la vida humana, la seguridad jurídica o la proporcionalidad de las penas son algunas de las cuestiones en las que el Consejo Fiscal detecta contradicciones del anteproyecto con la Constitución, tal y como fue interpretada por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 1985. Precisamente, una de las críticas más afiladas de los fiscales contra el anteproyecto se refiere a lo que podría calificarse como activismo abortista del Gobierno, que vulnera el mandato de la doctrina constitucional de proteger la vida del nasciturus. La posibilidad de abortar en las primeras catorce semanas sin más condición que la voluntad de la embarazada vulneraría este mandato, inherente al artículo 15 de la Constitución, con el agravante de que la información que prevé el anteproyecto que se facilite a la mujer que tiene intención de abortar no sólo no es disuasoria del aborto -que sería lo lógico, porque el aborto es un mal- sino que lo promueve. Lo mismo sucede con la marginación de los padres ante el aborto decidido por una hija de dieciséis año, supuesto con el que los fiscales son también muy críticos. En definitiva, la posición del Consejo Fiscal contraria al aborto es única e institucional y está reflejada en el informe aprobado por la mayoría. Hasta ahora, el Gobierno ha hecho propaganda. Desde ahora va a tener que razonar algo tan poco razonable y tan retrógrado como extender el aborto una sociedad moderna como la española y en pleno siglo XXI.