La medida estrella será la ayuda de 422 euros a los parados que hayan agotado sus prestaciones
El parto de ¿un ratón o de la reforma que necesita España?
Hay unanimidad entre los analistas en que el mercado laboral español necesita de manera urgente e inmediata de una profunda reforma que permita frenar la sangría del paro. Las continuas críticas a la inacción del Gobierno, que se escuda en respetar la negociación del diálogo social, llevaron al presidente Rodríguez Zapatero a citar el pasado mes de mayo de forma secreta y «con nocturnidad» a los agentes sociales en el Palacio de la Moncloa para exigirles que aceleraran las negociaciones, que sellaran algún acuerdo y ya, para presentarlo ante la opinión pública.
La pregunta ahora es cuál será el resultado de este diálogo social. ¿Parirán un ratón o una verdadera reforma? Lo que temen los expertos es que finalmente se opte por acuerdos de mínimos, que sirvan para salvar la cara al jefe del Ejecutivo, pero que no resuelvan el gran problema de la dualidad que tiene el mercado español, lo que limitaría de forma drástica los efectos del acuerdo sobre el verdadero drama de la economía española, la destrucción de empleo,
Tendremos que esperar y ver.
Lunes, 22-06-09
Ya hay fecha. Antes del próximo 31 de julio empresarios, sindicatos y Gobierno se han comprometido a presentar ante la sociedad un acuerdo del diálogo social. La estrella será la nueva ayuda para los parados que han agotado el subsidio por desempleo, una medida demandada por CC.OO. y UGT. que ha sido ya bendecida por la CEOE.
Para lograr que los empresarios se unan a este acuerdo con alegría, el Gobierno está dispuesto a darles «un caramelo» y en lo que está pensando es en aplicar una rebaja selectiva y limitada en el tiempo de las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan las empresas.
Tanto la patronal CEOE, como otros muchos economistas y expertos claman desde hace ya tiempo por una rebaja generalizada de las cuotas sociales, más ahora, en plena crisis, cuando su coste está siendo más gravoso para muchas empresas. La medida permitiría abaratar la contratación y fomentar la creación de empleo en un momento de fuerte destrucción de puestos de trabajo. Para evitar la pérdida de recaudación que supondría esta reducción de cargas a las empresas, los expertos proponen subir el IVA en torno a dos puntos.
Una de cal y otra de arena
El Gobierno y los sindicatos se han negado categóricamente a una rebaja generalizada de cotizaciones, pero estarían receptivos a una reducción temporal para un determinado tipo de contrato o de colectivos, una iniciativa similar a la ya aplicada en reformas laborales anteriores.
A cambio, la organización empresarial daría el visto bueno a esta ayuda dirigida a los parados que quedan desprotegidos tras agotar todos los plazos de prestación. De hecho, el presidente de la organización empresarial, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró la pasada semana en Santander que la patronal estudiará «con mucho cariño» la propuesta del Gobierno dentro del diálogo social porque «no se puede dejar a ninguna familia española sin ningún tipo de ingreso».
Aunque todavía se están dando los últimos retoques a esta ayuda, la intención del Ejecutivo no pasa por una ampliación automática del subsidio que actualmente cobran los parados que han agotado su prestación, sino por una renta que estaría estrechamente ligada a su formación. Para ello, los beneficiarios tendrían que participar de forma obligatoria en un itinerario de empleo, lo que implicaría vincular la cobertura económica con trabajo para acelerar así su incorporación al mercado de trabajo cuando las condiciones de la economía lo permitan.
Según los cálculos que han realizado los Ministerios de Economía y Trabajo, el número de parados que se podrían acoger a esta nueva renta oscilaría entre 200.000 y 300.000, lo que supondría un desembolso para las arcas públicas de entre 84 y 120 millones de euros cada mes.
Esta ayuda, cuya cuantía sería similar a la actual renta activa de inserción, 421,79 euros, tendría carácter extraordinario y coyuntural, y desaparecería cuando se supere la crisis económica. En cuanto a la duración del subsidio, se barajan plazos de entre seis meses y un año, aunque la cifra definitiva está pendiente de un acuerdo en el diálogo social.
La puesta en marcha de esta renta, que evitaría que algunos parados se queden sin cobertura, dependerá del Gobierno y las comunidades autónomas, ya que las prestaciones no contributivas están transferidas a las autonomías. Sin embargo, la propuesta del departamento que dirige Celestino Corbacho pasa porque el Estado asuma el coste y los gobiernos autonómicos, a través de los servicios públicos de empleo respectivos, articulen los itinerarios de empleo.
El Ministerio de Economía, sin embargo, no tiene tan claro que vaya a ser el Estado quien asuma todo el coste de la propuesta, y es más partidario de compartirlo con las comunidades autónomas.
Renta y cotizaciones son los principales asuntos que debaten Gobierno y agentes sociales, pero hay otros como la posibilidad de dar entrada a las agencias privadas en la gestión de las colocaciones, una demanda histórica de la CEOE, que en un momento de elevado desempleo como el actual podría aliviar de trabajo a los servicios públicos de empleo, volcados casi al cien por cien en el pago de las prestaciones.
Negociación colectiva
La negociación colectiva será otro ámbito de discusión. La patronal, pero también muchos expertos, insisten en la necesidad de que los convenios se ajusten a la situación concreta de cada empresa. Una medida que, sin embargo, no es bien recibida por los sindicatos.
