La crisis económica ha dado lugar a una extensa producción académica sobre las posibles soluciones a la actual situación.Economistas,empresarios, trabajadores autónomos, analistas y otros sectores de la sociedad civil coinciden en la necesidad de hacer reformas estructurales, y la más urgente: el mercado laboral, lo que no tienen tan claro los sindicatos.

Entidades como la patronal CEOE, el Instituto de Empresa Familiar, la patronal de la construcción Seopan, las Cámaras de Comercio, el Círculo de Empresarios, o los 100 economistas firmantes de la «Propuesta para la reactivación laboral en España» —entre ellos el actual secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa— quieren con mayor o menor claridad la flexibilización del mercado de trabajo.

Las recetas propuestas suelen repetirse: simplificación de las modalidades de contratación; combate contra el absentismo; bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social; reducción de los tipos impositivos en el Impuesto sobre Sociedades; supresión total o parcial de los impuestos de Patrimonio, Actividades Económicas, Sucesiones y Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales; fijar las subidas salariales en función de la productividad y aplazar el pago de tributos como el IVA o las cotizaciones sociales.

Además, todos apuestan por una aumento de la movilidad funcional, geográfica y horaria; flexibilizar la negociación colectiva o la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, que facilite la introducción de actores privados.

Contratos de tres años

Tampoco faltan las propuestas de carácter más sectorial,como, por ejemplo, la realizada por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Su presidente Luis Valero acusó al Gobierno el pasado martes de que «en materia laboral no ha hecho nada por el sector», y apeló a los diputados para que se hicieran eco de sus propuestas.

Anfac aboga para el sector del automóvil por un modelo de contrato temporal de tres años de duración o por otro de mayor duración que los actuales, que esté más ligado a las características del producto y a los ciclos económicos. Otras de las medidas que verían con buenos ojos desde este sector sería el aplazamiento en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social, para las empresas que lo soliciten, sin necesidad de presentar avales.

También piden el aplazamiento de las retenciones por IRPF, y otro tipo de modificaciones más dirigidas hacia los afectados por Expedientes de Regulación de Empleo, como que la bonificación de la cotización por contingencias comunes del personal acogido a un ERE temporal pase del 50% al 100%.

Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) también propugna un contrato «ad hoc» para autónomos, de tres años de duración, con un coste de despido que estaría en torno a los 20 días por año trabajado y un incentivo a la contratación de 12.000 euros dirigido a autónomos y microempresas, a devolver antes de los tres años si el trabajador es despedido.

Más gasto público

Y en el campo sindical, reacio a abordar ciertas reformas laborales que asocian con el abaratamiento del despido, el guión que proponen apuesta por «flexibilizar» los márgenes de endeudamiento del Estado, para invertir en la ampliación y mejora de la protección por desempleo.También propugnan reorientar los servicios públicos de empleo hacia programas de formación y recolocación más eficaces,una mayor inversión pública en infraestructuras y servicios públicos o la aplicación de la ley de Dependencia. Pero en lo que coinciden sindicatos, empresarios y el Partido Popular es en la necesaria remodelación del sistema financiero.

En este punto los populares quieren una hoja de ruta, que permita una reestructuración transparente de las entidades bancarias, así como una mayor eficacia en los mecanismos de supervisión o cambios legislativos en el funcionamiento de las cajas. También apuestan por una reforma del IRPF que incremente la deducción por vivienda hasta el 25% y quieren que se garantice por ley la unidad de mercado. El PP extiende sus recomendaciones a la educación, la energía y la administración pública.

En este último terreno entidades como la CEOE, las Cámaras de Comercio o el Instituto de la Empresa Familiar coinciden en exigir mayor agilidad y eficiencia en los trámites, así como una garantía de pago por los servicios prestados al sector público. La patronal CEOE, por su parte, defiende reducir las cargas administrativas un 30% de aquí a 2012.