El pasado lunes el ex ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, vocal del PSOE en la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, insinuó la posibilidad de que en septiembre haya una «propuesta de renovación». Dicho y hecho: el Círculo de Empresarios proponía al día siguiente que las pensiones evolucionen hacia un sistema mixto de reparto y capitalización, a pesar de que desde numerosas instancias se garantiza el futuro del actual marco. Concretamente la apuesta de la organización presidida por Claudio Boada se basa en tres soportes: uno de ellos garantizaría un nivel de vida mínimo sirviéndose del sistema actual de reparto; otro sería un sistema de capitalización obligatoria al que contribuirían empleadores y trabajadores que tuvieran un cierto nivel de ingresos, y el tercer eje consistiría en complementos o aportaciones individuales a planes y fondos de pensiones,lo que obligaría a disminuir la parte del reparto.

Además desde el Círculo propusieron medidas para facilitar el funcionamiento de los tres soportes: incentivos para la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años, nuevas formas de calcular la base reguladora que tenga en cuenta la mayor parte de la vida laboral y el establecimiento de limitaciones para las pensiones más altas. Los fondos de capitalización obligatoria podrían estar gestionados por entidades públicas o privadas y además se deberían aumentar los incentivos a planes de pensiones individuales. Se trataría de una profunda reforma que, según el Círculo, debería de estar apoyada en un amplio consenso.

Más y mejor protección

Comisiones Obreras y UGT presentaron sus propias propuestas el pasado 20 de mayo, en las que pedían una «jubilación flexible» junto a mayores estímulos para la prolongación de la vida laboral, una mejora de la protección social a las familias, la integración de los regímenes especiales en el general o la jubilación anticipada por realización de trabajos peligrosos. Además, apuestan por promover la separación definitiva en la financiación de las pensiones contributivas, a cargo de las cotizaciones, respecto de las no contributivas sostenidas por los presupuestos generales; y por incentivar los planes de empleo en las medianas y pequeñas empresas.

Por su parte, el Partido Popular dentro de su plan global anticrisis, presentado el pasado 13 de abril, exige un marco sostenible para las pensiones que avance en la «contributividad» y reclama que «las mejoras en las prestaciones vayan a cargo de los presupuestos». Además, advierten que se debe mantener e incrementar el fondo de reserva.