El Gobierno se unió ayer al coro de voces que apremia al Tribunal Constitucional (TC) para que haga pública de una vez la sentencia en el recurso contra el «Estatut de Cataluña», después de tres largos años de deliberaciones. Si el jueves su presidenta, María Emilia Casas, defendió que el TC trabaja sin tener en cuenta «la agenda política», ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, usó la mesa del Consejo de Ministros para reconocer la tardanza: «A todos nos gustaría que los tiempos fueran más cortos y las resoluciones salieran antes». Eso sí, la justificó porque el Estatuto catalán es un asunto complejo que requiere «reflexión reposada y debate sosegado» de los magistrados. «Parece que el tema está muy avanzado» y, en consecuencia, «pronto» habrá sentencia, dijo, en consonancia con lo que vienen sosteniendo en las últimas semanas fuentes gubernamentales. Estas fuentes dan por seguro que el TC no va a declarar inconstitucional todo el Estatut, sino que hará un falló «interpretativo». En eso confía el Gobierno, en que sea constitucional en su conjunto y corregible en aquellos aspectos que limite el TC.
Por otro lado, la vicepresidenta primera se refirió ayer a la polémica que afecta al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para negar que ocultara a la ministra de Defensa, Carme Chacón, el descabezamiento de la cúpula del CNI en materia antiterrorista. Sáiz, dijo De la Vega, «ha informado siempre de manera puntual» al Ejecutivo y comparecerá el martes que viene ante el Congreso «y todas las veces que sean necesarias» para aclarar si sus viajes de ocio al extranjero los hace con cargo al erario público.
