El primer ministro irlandés, Brian Cowen, alcanzó hoy un acuerdo con su homólogo británico, Gordon Brown, que permitirá blindar las garantías jurídicas que la UE ofrece a Berlín para convocar un segundo referéndum sobre el Tratado de Lisboa, que probablemente se celebrará en septiembre u octubre, según anunciaron fuentes diplomáticas. El compromiso ya ha sido aceptado por los Veintisiete en Bruselas.

Brown aseguró a Cowen que Reino Unido no se opondrá a que estas garantías acaben transformadas en un protocolo adjunto a los Tratados, ratificado por todos los Estados miembros. Londres, junto con otros países como Polonia o Países Bajos, era inicialmente reticente a esta solución porque temía reabrir el debate sobre la ratificación de Lisboa.

Sin embargo, el primer ministro irlandés dirigió este jueves una carta a sus homólogos europeos en la que les pedía que las garantías jurídicas adopten la forma de un protocolo adjunto a los Tratados.

"Esto es necesario si quiero convocar, y ganar, un segundo referéndum", afirmaba en la misiva. "Entiendo que la intención es adoptar una decisión de los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo. No obstante, para dar las máximas garantías legales a los ciudadanos irlandeses, necesito poder decir cuando salga de la reunión, sin temor de ser contradicho, que las garantías jurídicas contenidas en la decisión adquirirán, en su debido momento, el estatus de Tratado a través de un protocolo", decía Cowen en su carta. Este protocolo se ratificaría junto con el Tratado de Adhesión de Croacia en 2010 o 2011.

El primer ministro irlandés Cowen avisó de que "el debate mediático en Irlanda ya está centrado en la forma de las garantías jurídicas" y que por ello está obligado ante su opinión pública a obtener este protocolo.

Las exigencias de Dublín

Dublín quiere que se deje claro que, tras la entrada en vigor de Lisboa, se respetará la neutralidad militar irlandesa, los temas de fiscalidad seguirán sometidos a la regla de unanimidad y la UE no abordará la cuestión del aborto. Además, no se reducirá el tamaño de la Comisión Europea, como preveía este Tratado, sino que seguirá habiendo un comisario por país. Junto a estas garantías, se aprobará una declaración sobre los derechos de los trabajadores y la política social.