UN informe reciente de la OCDE desvela algunos datos sobre nuestro sistema educativo que merecen una seria reflexión. Según este documento, los profesores españoles dedican el 16 por ciento de su tiempo a poner orden en clase. Los docentes se quejan del mal comportamiento de los alumnos, así como del absentismo y la falta de incentivos para desarrollar su tarea. El informe TALIF refleja también que cuatro de cada diez docentes no cuenta con la preparación pedagógica adecuada, lo que dificulta, sin duda, una respuesta eficaz ante los problemas escolares. El clima de trabajo en las aulas dista mucho del espíritu de serenidad y cooperación que resulta imprescindible para transmitir conocimientos e inculcar valores en favor de la convivencia. El desgaste psicológico y -con excesiva frecuencia- las agresiones reales o potenciales son un lastre que impide aprovechar, como sería deseable, los recursos humanos en la enseñanza secundaria. Los profesores pierden un tiempo muy valioso en poner orden en clase y realizar tareas burocráticas, todo ello con una secuela inevitable de frustración y bajo rendimiento.

El Pacto de Estado por la Educación debe comenzar por resolver estos problemas básicos. Como es notorio, el orden en la escuela es un requisito imprescindible para el aprendizaje de hábitos razonables de comportamiento y sentido cívico. El respeto a la autoridad del profesor forma parte de una educación orientada hacia el desarrollo de la personalidad y la vigencia de los principios democráticos, como exige la propia Constitución. El alumno al que se consiente alterar la normalidad académica sin sufrir las consecuencias de su conducta recibe un mensaje de impunidad y desprecio a las normas que será muy difícil modificar en el futuro. Por supuesto, el adolescente que no respeta las reglas elementales de convivencia difícilmente prestará atención al estudio de las Matemáticas, la Lengua o cualquier otra disciplina básica para su formación. Se crea así un círculo vicioso que debe romperse a base de una política firme y eficaz en los poderes públicos en todos los niveles. El Ministerio y las consejerías autonómicas tienen que prestar atención a los datos de este informe y dar respuesta a las reiteradas quejas de muchos docentes, indefensos ante una situación que desborda sus competencias y que puede llegar a ser dramática. En este sentido, la cooperación de las familias resulta imprescindible para reforzar las medidas que adopten los responsables académicos.