Surrealista. Así fue la primera sesión del juicio que comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Madrid contra 15 jóvenes presuntos integrantes de los Hammerskin-España, a los que se les acusa de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. Es la primera vez que a este grupo, considerado por la Guardia Civil el más violento de los de ultraderecha de nuestro país, se le imputan esos delitos.

Las contradicciones y las desigualdades que plantearon en las cuestiones preliminares las defensas a la juez y presidenta del tribunal, Luisa Aparicio, ocuparon gran parte de la sesión.

Vayamos por partes. La juez informó de un escrito enviado por el principal testigo de cargo protegido, el periodista infiltrado que escribió «Diario de un skin» con el seudónimo de Antonio Salas. En este, pide seguir manteniendo esa condición y declarar tras una mampara con la voz distorsionada. Alegó «haber recibido amenazas de muerte» por su libro, e indicó que tenía constancia de que los radicales estaban recaudando fondos para contratar a un sicario. Frente a ello, la defensa en bloque se negó «porque todo el mundo sabe quien es», extremo que la sala rechazó.

Por contra, intentaron que la audiencia no fuera pública y que no se emitiera la señal interna que reciben los medios que siguen el juicio, por la integridad física de sus clientes. «Lo que piden es excepcional, desproporcionado y no está justificado», espetó la juez.

Todas las defensas se centraron en que el tribunal invalidara la causa por la falta de competencias del juzgado que hizo la instrucción. Aludieron a la vulneración de derechos fundamentales (escuchas y pruebas fotográficas, origen de la causa). La sala arguyó que no procedía declarar la nulidad y que lo demás se tendría en cuenta en función de su relevancia.

La representante del Ministerio Fiscal se centró en demostrar que los Hammerskin-España eran un grupo organizado, con una jerarquía en la que los «propects» o «subalternos» recibían órdenes de sus superiores, y, que tras esa fase ascendían a organizadores, en un acto denominado «recibir el martillo».

El único de los acusados en declarar, José Manuel Q. R., alias «Pío», negó ser Ultrasur y hammerskin, a pesar de reconocer ser «propects», «un término de mi grupo de amigos aficionados al fútbol» que le llevaba a «hacer encargos para entrar gratis a conciertos de grupos nazis -en cuyas letras xenófobas no reparaba-, beber y ligar». Restó importancia a los documentos y videos intervenidos en su casa («88 preguntas a un nacionalsocialista», «Europa despierta» o «El fascismo que viene»), a fotos suyas con frases del Ku Klux Klan («debemos asegurar la existencia de nuestra raza y el futuro de nuestros hijos blancos»), o a las esvásticas y simbología nazi que poseía y llevaba a los partidos. «Soy apolítico».