Lunes, 15-06-09
El nuevo sistema de financiación autonómica está a punto de cerrarse. El Gobierno pretende que el acuerdo esté firmado con todas las comunidades autónomas antes del próximo 15 de julio y tendrá efectos retroactivos al 1 de enero.
La ministra de Economía, Elena Salgado, ha avanzado ya que el nuevo sistema supondrá el trasvase de 9.000 millones de euros desde el Estado central a las comunidades autónomas, aunque esta cuantía se repartirá en varios ejercicios.
A diferencia de los pactos sobre financiación autonómica anteriores, que implicaban el trasvase de recursos del Estado hacia las regiones, pero también la asunción por parte de éstas de nuevas competencias, en esta ocasión el Estado traspasará fondos a las comunidades, pero sin tener que asumir nuevos servicios o responsabilidades.
Esto es una novedad pero también un peligro porque se corre el riesgo de que el trasvase de fondos entre administraciones, que no debería suponer un aumento del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, puede disparar los números rojos si las autonomías no hacen un ejercicio de control del gasto y utilizan los nuevos recursos para asumir nuevos pagos.
Por ello y para impedir un nuevo batacazo sobre un déficit ya deteriorado por los efectos de la crisis y de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo central para afrontarla, el Ministerio de Economía pretende que en el acuerdo de financiación se incluya un compromiso para que la mayor parte de los nuevos ingresos se destinen a enjugar déficit y no a nuevas partidas de gasto.
El departamento que dirige Elena Salgado no quiere, sin embargo, imponer esta medida de control fiscal a las comunidades, sino que pretende que sean ellas mismas quienes, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se autoimpongan la necesidad de destinar al menos el 50% de los recursos extra que recibirán a disminuir los números rojos por gastos ya comprometidos. Sin embargo, no será tan fácil lograr este acuerdo, ya que las comunidades están asfixiadas por el drástico recorte de muchos de sus ingresos, especialmente los ligados a la actividad inmobiliaria.
De hecho hay una comunidad, la de Murcia, cuyo gobierno ya incluyó en sus Presupuestos de 2009 lo que preveía obtener con el nuevo sistema de financiación, lo que significa que ya tiene comprometidos esos gastos.
De momento la titular de Economía, Elena Salgado, adelantó el pasado viernes que va a convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera para esta semana y en esa reunión el Gobierno planteará a los Ejecutivos autonómicos los objetivos de déficit para el próximo trienio. Según las cifras aprobadas por el pasado Consejo de Ministros, los números rojos de las comunidades autónomas ascenderán al 1,5% del PIB este año y al 2% en 2010. A partir de ese ejercicio el Ejecutivo prevé que comience un proceso de consolidación. El déficit autonómico se debería reducir al 1,7% en 2011 y al 1,3% en 2012.
El mayor ejercicio de consolidación fiscal, sin embargo, debe hacerlo el Estado, que en este año 2009 tendrá un déficit del 8,1% del PIB, lo que se explica, en parte, por el trasvase de recursos a las comunidades, pero también por las medidas anticrisis aprobadas por el ejecutivo.
En este escenario de estabilidad presupuestaria, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero también ha previsto que las corporaciones locales registren números rojos durante el próximo trienio, aunque en todo caso las cifras serán inferiores al medio punto del PIB.
La única administración que se mantendrá en superávit durante todo el periodo, según el Gobierno, será la Seguridad Social. El excedente será de cuatro décimas del PIB este año, de dos décimas en 2010, de tres en 2011 y de medio punto en 2012.
Ahora, las comunidades autónomas deberán aprobar estos escenarios del déficit público, así como el reparto del mismo entre todas las autonomías.
