La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, aseguró ayer que el Gobierno estudiará la posibilidad de regularizar a Franns Melgar Vargas, el inmigrante que sufrió la amputación de su brazo izquierdo cuando estaba trabajando, en situación ilegal, en una panificadora de Real de Gandía (Valencia), si se pide su legalización.

Algo que ya solicitaron durante la jornada de ayer entidades como la Federación Española de Municipios y Provincias y el sindicato Comisiones Obreras, que lo justificó por «circunstancias excepcionales». Y no fueron las únicas muestras de solidaridad hacia el ciudadano boliviano: la Consejería de Inmigración de la Generalitat Valenciana ofreció ayer un mediador intercultural para darle su apoyo social y asesoramiento legal. En este sentido, Comisiones Obreras presentó una denuncia ante la Fiscalía de Salud Laboral contra la panificadora en la que el trabajador, que trabajaba en situación irregular, perdió su brazo.

Al parecer, la empresa fue «paralizada» por la Inspección de Trabajo al día siguiente del suceso, ya que las condiciones técnicas estaban en «estado deficiente, sobre todo las eléctricas». Así lo reveló ayer el vicepresidente valenciano y consejero de Economía y Empleo, Gerardo Camps.

El responsable autonómico reconoció que esas condiciones laborales «probablemente fueran una de las causas» que desencadenaron el accidente que sufrió el trabajador. El consejero añadió que la Fiscalía ya «está actuando» e indicó que no se trata sólo de «una falta de medidas de seguridad laboral», sino también de un «posible delito de omisión de auxilio y socorro» por parte del empresario, quien abandonó a Franns Melgar Vargas desangrándose a 50 metros del hospital.

Miembros de la familia de los dos hermanos propietarios de la empresa declinaron ayer hacer declaraciones y sólo se limitaron a expresar que toda la información que se conoce sobre el suceso es «mentira».

Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró ayer en Valladolid que debe caer sobre el empresario «todo el peso de la ley». Corbacho dijo ser «claro y contundente» al anunciar que «a cualquier empresario que, aprovechándose de las circunstancias actuales, recurra,no solamente a la contratación ilegal de una persona sino incluso a no prestarle la atención cuando esa persona sufre un accidente, recaerá sobre él todo el peso de la ley».

El ministro de Trabajo señaló que este año las inspecciones para combatir la economía irregular han aumentado un 30 por ciento «atendiendo a que en un momento de crisis económica es cuando más gente puede tener necesidad de aceptar cualquier puesto de trabajo que le ofrezcan y alguien puede tener poco escrúpulo en contratar a quien sea en precarias condiciones para obtener más beneficio».

«Trabajo será contundente»

De esta forma, lanzó un mensaje a quienes contraten a alguien en el sentido de que «la inspección de trabajo será contundente y tiene instrucciones del Ministerio de combatir prioritariamente la contratación irregular». Por su parte, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pidió al ministro que no usara generalizaciones, ya que, a su juicio, «estamos hablando de un delincuente que tiene la condición de empresario».