El Tribunal Constitucional ha condenado el punto ejecutivo más sustancial de la todavía no aplicada ley destinada a «regular» la difusión y protección de los derechos de autor en internet (Ley Hadopi), concebida con el fin de combatir la piratería a través de una «respuesta graduada» que debía culminar con el corte de la línea. Tras un largo año de penosas tribulaciones políticas y parlamentarias, la Ley Hadopi fue finalmente aprobada el mes de mayo pasado con 296 votos a favor y 233.
La oposición socialista y varias organizaciones de defensa de los consumidores e internautas decidieron recurrir ante el Tribunal Constitucional, que ha condenado el punto coercitivo esencial. La Ley permitía el corte de la línea de internet a los posibles «piratas», tras un largo proceso «disuasorio». El Tribunal Constitucional sentenció ayer en contra del corte de la línea, que sólo debe ocurrir, a su juicio, tras una sentencia judicial.
La sentencia del Tribunal Constitucional sólo compromete una parte de la ley, y obliga al Gobierno francés a revisar su texto. La Ley Hadopi tenía prevista una «respuesta graduada» en cuatro tiempos: 1. Confirmación de que un internauta viola los derechos de autor de un artista o creador. 2. Una comisión especial anuncia al internauta, vía correo electrónico, que está violando la Ley. 3. Seis meses después, el internauta volverá a recibir un «segundo aviso», con carta recomendada, esta vez. 4. La Comisión de la Alta Autoridad ordena el corte del servicio de internet del internauta pirata...
Los tres primeros puntos de la «respuesta graduada» siguen siendo válidos y legales. Por el contrario, el Tribunal considera no constitucional el poder ejecutivo (corte de línea) de la Comisión de la Alta Autoridad.
El Gobierno de Nicolas Sarkozy es invitado a «revisar» y modificar, lo que supone la reapertura de un nuevo proceso político parlamentario, a las puertas de las vacaciones. En principio, una nueva comisión parlamentaria redactará un nuevo artículo, que volverá a presentarse a la Asamblea Nacional y el Senado, que deberán aprobarlo, en idénticos términos. Se trata de un procedimiento que pudiera prolongarse semanas y meses, si no se producen nuevos contratiempos, imprevisibles.

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