Miércoles, 03-06-09
ISABEL BUGALLO
OURENSE. La Confederación Intersindical Galega (CIG), sindicato afín al BNG, se concentró ayer ante la subdelegación de Gobierno en Ourense para solicitar la dimisión del alcalde de Rairiz de Veiga, el nacionalista Xaquín Rodríguez, a quien acusan de «acciones de discriminación, intransigencia y desprecio a los derechos de los trabajadores». Rodríguez vendría protagonizando estos casos desde hace más de tres años contra un trabajador cedido por la ex mancomunidad de A Limia y otros afiliados y empleados de la institución local.
El secretario comarcal de la CIG en Verín, Manuel Anxo García Torres, destacó -en alusión al caso del gasóleo B, sorpresivamente aún en trámite- que «nosotros en todo momento quisimos desligar el tema laboral y sindical de cualquier otro de los muchos incidentes que suceden en este concello». También aseguró que «nos hace gracia que el alcalde de Rairiz de Veiga diga que se está dañando su imagen, porque para eso ya se arregla él solo».
La CIG protestó de forma específica por la situación que vive uno de sus afiliados desde que fue cedido por la mancomunidad de A Limia, en el año 2006. La organización asegura que a este trabajador «se le están vulnerando sus derechos fundamentales», y citan dos sentencias firmes de los juzgados de lo Social números 1 y 2 de Ourense. En ellas se expone, entre otras cuestiones, que a este trabajador «se le vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad psíquica y a la tutela judicial efectiva».
El portavoz de la CIG aseguró que a raíz de esta situación, el alcalde de Rairiz de Veiga «está montando una ceremonia de confusión absoluta para intentar zafarse de uno de los muchos problemas que se están planteando». Para Anxo García, Rodríguez «no va a resisitir más que dos telediarios», ya que acumula más de diez sentencias condenatorias condenatorias. Aunque el regidor alega que hay alguna sentencia favorable a sus intereses, García Torres recuerda que «contra dos favorables, tiene más de diez condenatorias». La CIG espera que el alcalde recapacite, o bien «la Consellería de Presidencia o el Ministerio de Administraciones Públicas tomen cartas en el asunto».

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