Alberto Núñez Feijóo esbozó un planteamiento sintético: el 95% de los empleados que desempeñan tareas en la administración autonómica accedieron al cargo acreditando, en primer turno, sus conocimientos técnicos; y después, la competencia en gallego, el idioma propio. «Exactamente igual que deberán hacer ahora», esgrimió el presidente. La modificación de la Ley de Función Pública para garantizar la elección de lengua en las oposiciones no supone, a su juicio, «minusvaloración», porque los examinandos que concurran a los procesos selectivos podrán realizar todos los test en el habla propia si así lo desean, o bien, hacerlos en castellano y al final acreditar su conocimiento del gallego.

«Eligieron lengua durante 25 años y no hubo una crítica», recordó a los sindicatos que se oponen ahora a esta modificación, CIG, CC.OO. y UGT. Solamente el CSI-CSIF la apoya. La revisión, comentó el mandatario galaico, está «tan basada en los derechos civiles» que será aplaudida por los opositores y «la mayoría de los gallegos». Más allá del rechazo sindical, el BNG entendió que el gobierno gallego está inmerso en una «cruzada contra el gallego» que favorecerá la entrada masiva de aspirantes de otras comunidades, mientras que el PSOE interpretó que al PP le interesa seguir «desprotegiendo» la lengua.

«Su desaparición de las oposiciones es un síntoma claro», apostillaron. En una nota, este grupo acusó un «auténtico azote, con decisiones que contribuyen a desgalleguizar la administración pública de Galicia».