El coste de la electricidad se dispararía al 20% de la renta per cápita con energía renovable, según el sector
La ida y vuelta de Jesús Caldera
El cambio de opinión de Jesús Caldera en lo que al cierre de la central nuclear Santa María de Garoña se refiere es más que significativo. Como diputado del Congreso de los Diputados, el ex ministro socialista votó a favor del cierre de la central el pasado martes día 19, para presentar sin rubor el jueves siguiente el informe «Un nuevo modelo energético para España» en el que la Fundación Ideas que preside aboga por el cierre íntegro del parque nuclear español.
Un rasgo que ha contribuido a restar rigor a un documento elaborado por petición expresa del Palacio de La Moncloa. El informe energético elaborado por la plataforma «think tank» del Partido Socialista apuesta por cerrar todas las centrales nucleares existentes en España, y sustituir, además, todas las instalaciones de generación eléctrica convencional por plantas de producción renovable.
Según los cálculos de la Fundación Ideas, este modelo es viable económica y técnicamente a un plazo de cuarenta años, en el ejercicio 2050. Esta renovación técnica debería estar acompañada, además, por una nueva regulación que incentivara la creación de nuevas empresas dedicadas a las energías verdes y que concediera a los ciudadanos el nuevo derecho de generar y abastecerse de su propia energía.
En la elaboración de este informe han participado destacados defensores de las energías renovables, como Valeriano Ruiz, presidente de la Asociación Protermosolar.
La opinión antinuclear se moviliza
La Coordinadora Estatal Antinuclear, integrada por varias organizaciones ecologistas, inició ayer una campaña de envío de correos electrónicos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
solicitando el cierre de Garoña ante su «diseño obsoleto y fuera de normativa» y sus «graves problemas de seguridad». Los propietarios de la planta, por su parte, aseguran que han invertido en su modernización más que en su construcción, de forma que la instalación cumple hoy con los estándares internacionales de seguridad.
El informe «Un nuevo modelo energético para España» presentado la semana pasada por la Fundación Ideas del Partido Socialista sigue generando polémica. Después de que ilustres políticos cuestionaran la viabilidad del modelo energético defendido por el equipo del ex ministro Jesús Caldera, es ahora el sector eléctrico el que expresa su profundo malestar por un estudio, dicen, que no calibra con seriedad el impacto económico que puede acarrear para el país basar su producción eléctrica al 100% en energías renovables.
Según los cálculos que maneja el sector, el cierre de todas las centrales nucleares que hoy funcionan en España multiplicaría por tres el recibo de la luz ya que acarrearía costes por 200.000 millones de euros al sistema eléctrico español.
Una cifra necesaria, explican, para amortizar las inversiones realizadas por las compañías en la modernización de las plantas atómicas durante los últimos años; cubrir la caída de ingresos que se derivaría de la salida de esta tecnología, y reemplazar con energías alternativas los 8.000 megavatios de potencia nuclear que tiene España.
La extensión de Huelva
A esta primera factura, habría que añadir, además, el gasto derivado de la sustitución del resto de energías convencionales -la mayoría del sistema- por fuentes de producción «verde». En términos económicos, esta renovación costaría un billón de euros y equivaldría, por tanto, al Producto Interior Bruto español de todo el año 2008.
Al mismo tiempo, habría que dedicar una superficie de alrededor de un millón de hectáreas -tamaño de la provincia de Huelva- a ubicar las placas solares y parques eólicos necesarios para aportar la misma capacidad de generación eléctrica existente hoy en día. Costes, todos ellos, que multiplicarían la actual factura de la luz entre siete y diez veces absorbiendo así entre el 20% y el 25% de la renta per cápita media de los españoles.
Nueva reunión del CSN
El debate sobre el modelo energético español se está recrudeciendo en los últimos días ante la cercanía del dictamen gubernamental sobre la prórroga de diez años solicitada por la central nuclear Santa María de Garoña. Precisamente, el pasado fin de semana el sector eléctrico calculó que el posible cierre de esta planta provocaría un encarecimiento de alrededor del 10% en el actual recibo de la luz. En lo que va de año, la electricidad ha subido un 3% y aún no cubre los costes del sistema por lo que es de esperar que la factura del kilowatio suba en la próxima revisión prevista para el 1 de julio. Pese a ello, la cercanía de las próximas elecciones europeas del 7 de junio, y el perfil político que ha buscado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su última remodelación ministerial hacen temer al sector que Moncloa podría comprometerse, finalmente, a no ampliar la vida útil de la central burgalesa.
Mientras tanto, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sigue estudiando el expediente. Este mismo miércoles, el pleno del organismo que preside Carmen Martínez Ten dedicó una nueva sesión -la tercera en lo que va de mes- a analizar en exclusiva el estado técnico de la central de Garoña.
En esta ocasión, los consejeros analizaron el grado de cumplimiento de la Normativa de Aplicación Condicionada alcanzado por Garoña. Este reglamento se enmarca en la Revisión Periódica de la Seguridad pero exige un análisis detallado de la respuesta de la central ante las nuevas estipulaciones de seguridad exigidas a las instalaciones atómicas modernas, ya que tendrá que poder cumplirlas para seguir en funcionando a partir de ahora. El Consejo de Seguridad Nuclear tiene previsto dedicar, al menos, dos reuniones más, a analizar en exclusiva los ratios tanto de gestión del envejecimiento como de operación a largo plazo que presenta la planta burgalesa.
Pendientes de una prórroga
Finalizados estos exámenes, el CSN tendrá que alcanzar una resolución técnica fundamentada que consistirá en aprobar la prórroga, autorizarla con condiciones o denegarla. Este dictamen tendrá que estar sobre la mesa del ministro de Industria, Miguel Sebastián, el próximo 5 de junio a más tardar, tan sólo dos días antes de la celebración de los comicios europeos. Una vez recibida la resolución del organismo que preside Carmen Martínez Ten, el Gobierno tendrá hasta el 5 de julio para emitir su decisión.
No en vano, el dictamen del CSN tan sólo será vinculante para el Gobierno en el caso de que recomiende el cierre de la central. De lo contrario, el Ejecutivo tendrá maniobra para estudiar el expediente bajo criterios políticos. Y si son los del exministro Jesús Caldera, la central puede darse por clausurada.