Prisión para el ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote por un presunto delito de cohecho

Tras comenzar a tomar declaración a los primeros detenidos el pasado lunes acusados de formar parte de esta trama de corrupción municipal y urbanística de Lanzarote, el juez del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Arrecife ha puesto en libertad con cargos de cohecho al empresario Jorge Ramón Álvarez Pérez y a Dayran Jesús Muñoz Armas. En libertad sin cargos ha quedado el ingeniero Rafael Arrocha mientras que el magistrado ha prorrogado la detención del funcionario del Cabildo insular Alfredo Santiago Rodríguez.

Esta noche el juez ha tomado declaración al asesor del Patronato de Turismo de Lanzarote, Matías Curbelo Luzardo, a la espera de determinar los delitos que se le imputan y en la mañana de hoy seguirá interrogando al resto de implicados.

La trama de corrupción destapada en Lanzarote salpica ya al Cabildo y a la Cámara de Comercio de la isla, tras la detención este jueves de otros cinco empresarios y un constructor en la segunda fase de la 'operación Unión'. Estas detenciones se produjeron tras el registro efectuado en el Ayuntamiento de Yaiza, una población de más de diez mil habitantes del sur de la isla, y en diversas oficinas promotoras y empresas constructoras.

Los seis nuevos acusados en la operación, en la que ya han sido imputadas diecisiete personas, han sido detenidos en Lanzarote, Gran Canaria y Tarragona por su supuesta implicación en la trama de corrupción municipal y urbanística destapada en Lanzarote. Según la Guardia Civil, de los detenidos este jueves el principal implicado está acusado de haber ofrecido importantes comisiones presuntamente ilegales, "dinerarias o en especie", a un consejero del Cabildo de Lanzarote y a varios vocales del Pleno de la Cámara de Comercio "a cambio de adoptar diversas decisiones en beneficio de sus intereses económicos".

La operación sigue llevándose a cabo por miembros del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número cinco de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas. La investigación continúa bajo secreto de sumario y aún sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.