E. P. RODRÍGUEZ-SOMOZA

SANTIAGO. Tras las críticas suscitadas en torno a la utilización de las dos lenguas con cooficialidad en Galicia en las oposiciones, la Xunta reiteró ayer su intención de modificar el artículo 35 de la Ley de Función Pública, con el objetivo de garantizar los derechos constitucionales y lingüísticos de los ciudadanos a poder elegir el idioma de estas pruebas. En esta dirección se dirigió ayer el director general de la Función Pública, José María Barreiro, a los representantes sindicales de UGT, CC.OO., CIG y CSIF, con los que tuvo oportunidad de reunirse en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos.

A ellos les trasladó la intención del Gobierno de cumplir el compromiso adquirido de fomentar la libertad de elección del opositor, al tiempo que defendió el derecho de este último a elegir la lengua en la que quiere ser examinado. No obstante, desde la Administración autonómica se fomentará el conocimiento del gallego entre los funcionarios a través de cursos. Del mismo modo, las bases de cada convocatoria establecerán el carácter y la valoración de estas pruebas en la lengua propia de Galicia.

El objetivo de esta actuación por parte del Ejecutivo es que en las pruebas selectivas de acceso a las plazas de la Administración en la Comunidad, y en las entidades locales, se incluya un examen en gallego, a excepción de aquellos que acrediten el conocimiento de esta lengua conforme a la norma vigente. De igual modo, Barreiro reiteró la disposición de su equipo a consensuar esta modificación legal con los sindicatos, con los que previsiblemente retomará los contactos el lunes.

Critico con el anuncio se mostró el portavoz de lengua del BNG, Bieito Lobeira, quien informó sobre la interpelación que su grupo ha presentado con la intención de que el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, explique la decisión de «suprimir la capacitación lingüística en gallego en las oposiciones que se realicen en Galicia».

En el texto, los nacionalistas denuncian que la «línea de combate» del PP se caracterice por la «exclusión, prejuicios, españolización de la Administración, vulneración de la norma y conculación de derechos». Al respecto, advierten que la reforma prevista va en contra del Estatuto de Autonomía, la Ley de Normalización, la de la Administración Local, la Carta Europea de las lenguas y el Plan General de la Normalización de la lengua gallega.