El malestar existente en las Fuerzas Armadas con la aplicación de la Ley de la Carrera Militar, puesta en marcha por el Gobierno socialista, llegará hoy a la calle. El Ministerio de Defensa no ha podido contener la crispación que ha provocado la nueva normativa, y la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) ha convocado hoy una concentración ante la oficina del Defensor del Pueblo de Madrid. Se trata de que los soldados, oficiales y suboficiales de los tres Ejércitos presenten en persona sus quejas ante esta institución.
La protesta se produce dieciséis meses después de la entrada en vigor de la Ley, periodo en el que los militares no han cesado de presentar recursos judiciales y de elevar sus quejas al Ministerio. Los primeros en dar el paso fueron 302 oficiales de la Escala Superior de la Armada, que recurrieron la primera orden ministerial que regula la normativa ante la Audiencia Nacional, como así lo desveló ABC. Le siguieron otros mil oficiales de la Escala de Oficiales, que se opusieron al curso de adaptación y a los Planes de Estudio que contempla la nueva ley, entre otros aspectos de la misma.
Suboficiales
A los suboficiales tampoco les gusta la Ley, como así se refleja en la Reclamación Patrimonial al Estado que presentaron 17.000 miembros de esta Escala, por los perjuicios que les ocasiona el texto normativo. Las quejas también se extendieron a 1.500 suboficiales del Ejército del Aire, que denunciaron que la Ley «pisotea» sus derechos. Igualmente, otros 8.000 suboficiales del Ejército de Tierra reconocieron sentirse «humillados» con la Ley, ya que aseguran que no les permite ascender a teniente en activo.
El Gobierno intentó frenar parte de este malestar introduciendo unas modificaciones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Aunque estos cambios han beneficiado, sobre todo a la Armada, no han sido definitivos para evitar la polémica. De hecho, el nuevo escalafonamiento que surgirá de esta Ley, cuyo listado provisional se publicó el día 11, no ha hecho más que aumentar el descontento. Fuentes militares consultadas por ABC han asegurado que «esto se veía venir desde el principio. En este escalafonamiento provisional ya se está viendo la discriminación, que oficiales con menor antigüedad en el empleo se han situado por encima de otros más antiguos». De esta primera aplicación real de la Ley se derivarán «muchísimas alegaciones que la gente ya está presentando». El 1 de julio es cuando quedará definitivamente elaborado el escalafonamiento.
la respuesta es una incógnita, ya que los militares son muy reacios a participar en este tipo de medidas de presión
Este malestar se podría hacer patente hoy en la calle. Aunque la respuesta es una incógnita, ya que los militares son muy reacios a participar en este tipo de medidas de presión, ante el temor de posibles represalias, las fuentes consultadas por ABC aseguran que «la gente está bastante quemada». No descartan que haya más gente de lo previsto, aunque reconocen que «precaución hay siempre».
Junto al frente judicial y la presión en la calle, el PP abrió ayer otra vía en el Parlamento al presentar una Proposición No de Ley. Con esta iniciativa quiere instar al Gobierno a que cree una Subcomisión en el Congreso, para que vigile el cumplimiento de la Ley y realice las modificaciones necesarias. Los populares están abiertos a todas las aportaciones de los demás grupos para hacer una propuesta conjunta. Ya cuentan con el apoyo de CiU, como así lo aseguró a ABC su portavoz de Defensa, Jordi Xuclá, al considerar que es «necesario el consenso para revisar los puntos débiles de la Ley. Nosotros estamos a favor de la Subcomisión».
Desde el PSOE, su portavoz, Jesús Cuadrado, todavía no se quiere pronunciar sobre esta iniciativa hasta conocer su contenido. Finalmente, el portavoz del PNV, José Ramón Beloki, tampoco tiene una «idea clara» sobre lo que hay que cambiar.