Cualquier asunto que tenga que ver con la policía o la justicia forma parte de lo que ningún país europeo está dispuesto a poner en manos de Bruselas, de modo que los intentos no han pasado de una cierta coordinación en materia de emigración, casi siempre sin muchos resultados concretos.

Además, la realidad ha ido mucho más deprisa que los dirigentes europeos, que cuando todavía no habían logrado concertar sus planes de una política común en materia de asilo, la emigración ilegal se había constituido en el principal problema para la mayor parte de los países con fronteras exteriores en el sur de la Unión.

La decisión del Gobierno socialista español de regularizar a casi un millón de extranjeros sin papeles en 2005 desencadenó una cascada de críticas, pero a la larga fue la causa de que la presidencia francesa pusiera en marcha el “Pacto Europeo en materia de inmigración y asilo”, que fue aprobado el otoño pasado.

Sus dos ejes centrales son: por un lado, que Europa “no está en condiciones de aceptar a todos los que buscan una vida mejor entre nosotros” y que los gobiernos se pondrán de acuerdo para proceder a la devolución a sus países de aquellos extranjeros en situación irregular que deben ser expulsados. La Comisión Europea, por su parte, intentó compensar este ángulo con la oferta de una “tarjeta azul” para emigrantes selectos que quieren desarrollar parte de su carrera profesional en Europa, pero en la práctica no ha tenido mucho éxito. Aunque la agencia especializada –FRONTEX- se encuentra físicamente en un lugar como Varsovia, por ahora no todos los países del norte o del este miran con los mismos ojos el problema que asfixia a Malta o a Italia.