Dio entrada a muebles baratos con el informe en contra del director facultativo de la obra e ignorando los trámites legales
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Las prisas fueron malas consejeras para el gobierno bipartito de Emilio Pérez Touriño en su intento a la desesperada de borrar las pruebas del despilfarro en las millonarias obras de la Xunta. Tras perder las elecciones, su Ejecutivo no sólo intentó maquillar el dispendio de dinero público sustituyendo el mobiliario más suntuoso por otro de saldo, sino que lo hizo contraviniendo un informe técnico del director de la obra y saltándose el procedimiento administrativo reglado para modificar un proyecto de una obra pública.
Tras perder las elecciones el 1 de marzo, la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, dirigida por el socialista José Luis Méndez Romeu, presiona al director de la obra, para que se sustituyan sin procedimiento legal alguno los muebles más lujosos y sobre los que se generó una considerable polémica durante la campaña. Este arquitecto se niega y exige una modificación del proyecto de obra.
Casualmente, la empresa constructora traslada al director de la obra una petición similar: rebajar el gasto en mobiliario pero sin abaratar el montante total del coste de la obra, que se mantiene en los 4 millones de euros iniciales. El 16 de marzo, el técnico emite un informe desestimatorio en el que pone de relieve la «falta de justificación técnica» para sustituir el mobiliario. Además, alerta de que se pretenden «mermar las calidades de todas las partidas» pero sin que el presupuesto «varíe negativamente».
Del mismo modo, pone en duda que los nuevos enseres que se pretenden introducir en el proyecto están adaptados a la tecnología previamente instalada y pagada. Además, reprocha que se pretende evitar la construcción de un atril para el estrado de la sala de prensa, pese a que éste sí está previsto.
Ignorando por completo el informe técnico, el secretario general de la Consejería, Santiago Roura, inicia el 23 de marzo el procedimiento de modificación del proyecto de obra, y rubricando de su puño y letra cuáles deben ser los cambios a introducir. Sin que el trámite administrativo concluya y por tanto fuera de la ley, el 31 de marzo empiezan a instalarse en la zona en obras las nuevas sillas baratas que ayer se enseñaron a los periodistas.
A día de hoy, el procedimiento administrativo no está concluido, pero el nuevo mobiliario sí está instalado. Es decir, si la Xunta de Feijóo decidiera no autorizar la chapuza del bipartito, la empresa constructora debería restituir las sillas y mesas inicialmente proyectadas, ya que éstas están pagadas, y sin un euro de sobrecoste para el erario público. El nuevo consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, estudia todavía que decisión adoptar.
Precisamente, el actual gobierno investiga a qué apartados se desvió el dinero para que, pese a abaratar los nuevos enseres, la factura no baje un céntimo de los cuatro millones de euros. Según los primeros análisis, se habrían engordado otras partidas tales como demoliciones, pavimentos, movimientos de tierras o infraestructuras. La estrategia del bipartito era que la constructora no perdiera dinero con el cambio, pero se evitara a toda costa que el despilfarro del maltrecho gobierno saliente viera la luz.