«Hace meses que el popular Gerardo Conde Roa mantiene una cruzada para cerrarnos el centro social. Que continuemos abiertos cuesta 10.000 euros, pero callarle la boca no tiene precio». Es el mensaje que colgó la web de la comunidad Gentalha do Pichel, de Santa Clara, después de que el bipartito compostelano de PSOE y BNG presionase al colectivo, previa denuncia de la oposición del PP —que relacionó este lugar con grupos radicales como AMI—, y luego de que ABC publicase su situación administrativa irregular.

El establecimiento tiene licencia de obra de acondicionamiento y apertura desde 2005, aunque no de funcionamiento, dado que estaban sin corregir las deficiencias halladas en la inspección municipal. Se le concedió un mes de margen para subsanar el fallo y colocar el ascensor. La gerencia habilitó una cuenta y en tres días reunió casi en su totalidad los 10.000 euros que vale el elevador, que funciona desde el pasado jueves.

«Nuestro proyecto está más fuerte que nunca. Callaremos a todos los fascistas. Detrás de este movimiento hay una nación viva», reza el mensaje que agradece la solidaridad. El edil santiagués Ángel Espadas desveló el nombre de otros dos locales de la capital gallega sin el permiso adecuado. Son la Sala Nasa, cuyo expediente aún no se ha resuelto, y Henriqueta Outeiro, que no ha solicitado autorización de uso pese a sus actividades. Nós-UP admite claramente en su portal que ésta última es una «iniciativa de la izquierda independentista para dotarse de espacios propios». El PP alerta de que «se expansionan para que así les sea más fácil financiarse».