El Grupo Socialista exigirá la disciplina de voto a sus diputados en la futura votación de la modificación de la actual ley del aborto, aprobada ayer por el Consejo de Ministros. El portavoz socialista en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, respondía de esta forma cuando ayer se le preguntaba por las diferencias de criterio en su partido acerca de este asunto, tal como quedó demostrado con las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien sólo unas horas antes aseguraba que no le parecía «bien que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres», aspecto contenido en el proyecto del Gobierno socialista. «Soy padre -añadió- y no concibo que si mi hija estuviera en ese supuesto no se comunicara con su madre y conmigo», al tiempo que precisó que «ese es un ámbito muy personal».

El PSOE es consciente de que la reforma es vista con recelo por algún sector de su partido, que no entiende ni su oportunidad ni su contenido, sobre todo en lo que se refiere a aspectos tan delicados como el aborto libre y gratuito hasta las 14 semanas o que una chica de 16 años, que por ley no puede beber o fumar, ni siquiera votar, pueda en cambio interrumpir su embarazo sin el consentimiento ni el «conocimiento» de sus padres. Fuentes socialistas consultadas por ABC no descartan que en la tramitación parlamentaria se incluya un párrafo legal en este sentido.

Cuando se le preguntó si él consideraba razonable que una niña de 16 años pudiera abortar sin consentimiento paterno, Alonso advirtió con rotundidad en rueda de prensa que la posición del Grupo Socialista es la del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y dejó claro que no habrá lugar para la discrepancia cuando llegue la hora de votar, ni siquiera por motivos de conciencia. «Se va a mantener la disciplina de voto», subrayó.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pidió por su parte a Barreda que dé un paso más y pida a los diputados y senadores de su partido que voten en contra de la polémica reforma, que una vez aprobada por las Cortes será recurrida por los populares ante el Tribunal Constitucional.

En un sobre cerrado

Antes, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, explicó que, según el anteproyecto de ley remitido a la Fiscalía y al CGPJ para su informe, una mujer que quiera abortar deberá dirigirse a su centro sanitario. Allí le será entregada en un sobre cerrado información con las ayudas que recibiría en caso de seguir adelante con el embarazo. Hasta la semana 14 de gestación, la mujer podrá abortar libre y gratuitamente.

Entre la semana 14 y la 22, la mujer podrá abortar si su vida corre grave peligro o si el feto tiene graves anomalías. En ambos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas, distintos a los que practican la intervención. A partir de ese plazo, un comité clínico podrá autorizar un aborto a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. Aído apeló a la Organización Mundial de la Salud para defender la arbitrariedad de las 22 semanas. Además, si la objeción de conciencia impide abortar en una Comunidad autónoma, su gobierno deberá pagar la intervención en otra.

El texto establece también que ninguna mujer podrá ser penada con cárcel, aunque la ministra ha insistido en que eso no quiere decir que los abortos ilegales queden «impunes». Con la ley vigente, ni una sola mujer ha sido encarcelada por abortar ilegalmente.

La titular de Igualdad garantizó que la educación sexual será materia escolar regulada y dijo que la reforma del aborto que cambia la ley de 1985 es una norma «más equilibrada, moderna, que se acerca más a Europa». Respecto al cambio de la Ley de Autonomía del Paciente para que las jóvenes de 16 años no necesiten consentimiento, Aído dice que busca evitar los abortos clandestinos.