Viernes, 15-05-09
En su última comparecencia en las Cortes Valencianas, el presidente de laGeneralitat, Francisco Camps, dijo tener una «ganas locas» de explicarse. Dio a entender, no obstante, que deseaba hacerlo en sede judicial. Ha llegado su momento. Será la semana próxima, el martes, a las 10.30 horas. Es el día y la hora señaladas por el magistrado instructor de la rama valenciana de la «operación Gürtel» para tomar declaración a Camps por su presunta relación con las empresas de la trama corrupta de las que el presidente habría recibido regalos en forma de trajes.
El jefe del ejecutivo valenciano está imputado por un presunto delito de cohecho, el mismo por el que deberán declarar, también en calidad de imputados, el presidente del PP en la Comunidad y portavoz en las Cortes regionales, Ricardo Costa (comparecerá también el martes), y dos ex altos cargos del gobierno autonómico: el ex vicepresidente de la Generalitat y ex consejero de Justicia, Víctor Campos, y el ex jefe de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. Ambos han sido citados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para el miércoles.
Todos están siendo investigados por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ por haber permitido que empresas de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, que ha recibido adjudicaciones del PP y de la Generalitat, costearan trajes que les confeccionaban en dos tiendas de Madrid: Forever Young y Milano.
Fin a la «indefensión»
Según el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibía en favor del TSJ valenciano, Camps habría recibido prendas por valor de 12.783 euros y Costa, por importe de 7.325. Los dos son aforados, por eso la causa se instruye en el TSJ. Los trajes supuestamente regalados a Campos ascenderían a 4.850 euros y los de Betoret a 9.950. Según Garzón, tres empresas de la trama de Correa, Orange Market, presidida por su mano derecha, Álvaro Pérez, «El Bigotes», Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico habrían abonado estas compras que luego justificaban con facturas «confeccionadas ad hoc» en las que figuraban conceptos ficticios para encubrir las dádivas.
En las filas del Partido Popular y en el entorno del presidente, la citación del alto Tribunal Valenciano fue recibida ayer con tranquilidad porque, entienden, acaba con la «indefensión» de los imputados, en torno a los que cerraron filas.
La oposición exigió la dimisión del jefe del Consejo y la convocatoria de elecciones en la Comunidad.

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