La modificación de la ley de Extranjería o el Plan Voluntario de Retorno son algunas de las políticas dirigidas al colectivo inmigrante que el Gobierno ha puesto en marcha en el último año y que suponen, según SOS Racismo, un giro en el discurso del Ejecutivo socialista hacia la xenofobia.

Así, aseguran que este cambio en el discurso, «liderado por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho», se basa en tres aspectos: «la necesidad de "mano dura" ante la inmigración irregular, la necesidad de asegurar el cumplimiento de deberes por parte de los y las inmigrantes, y la concepción utilitarista de éstos que pasan de ser los garantes de nuestras pensiones a un estorbo en un contexto de crisis económica».

En concreto, el informe se refiere al anteproyecto de Ley de Extranjería que modifica 71 artículos del actual texto y «endurece» la política de inmigración. Denuncian que la restricción del reagrupamiento familiar de los padres, el aumento a 60 días del periodo de internamiento en los CIES o el intento frustrado de penalizar a aquellos que ayuden a los inmigrantes irregulares, son «algunas de las vulneraciones de derechos más graves que propone la nueva ley».

Asimismo, recuerdan que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo denunció que en los CIES españoles se sometía a los «sin papeles» a un «sistema excesivamente estricto de detención de tipo penitenciario», que incluía el «encierro casi permanente en celdas» y la «limitación de paseos al aire libre».

Del mismo modo, opinan que el Plan de Retorno Voluntario pues en marcha por el Gobierno para facilitar a los inmigrantes en paro la vuelta a sus países cobrando el subsidio por desempleo es un modo de vincular la actual crisis económica con la inmigración. «El mensaje enviado a la opinión pública se resume bajo el lema: "los trabajadores españoles, primero", un discurso irresponsable que fomenta la xenofobia y el racismo social y dividen la clase trabajadora», asegura el informe.