Cayetana de Alba, en una imagen de archivo / PEPA JUSTE
Publicado Miércoles, 13-05-09 a las 21:34
Después de que los chiringuitos de la Costa del Sol hayan estado en el punto de mira de la Ley de Costas, ahora parece tocarle el turno a la nobleza. La Demarcación de Costas ha abierto un expediente informativo a Doña Cayetana Fitz James Stuart por su chalé ubicado en la playa marbellí de Casablanca, que supuestamente invade 32 metros cuadrados del dominio marítimo terrestre.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga publicaba esta información en su número del martes, en el que se dejaba claro que la Duquesa de Alba tiene un plazo de ocho días para acreditar que tenía licencia para realizar la obra. El documento oficial especifica que Doña Cayetana o sus representantes legales tendrán que «formular, por escrito, las alegaciones y presentar las pruebas que estimen convenientes en defensa de sus derechos»
En el caso de que no pudiese acreditar la legalidad, el expediente podría transformarse en sancionador y Costas podría ordenar el derribo de parte de la vivienda. El BOP, concretamente, especifica que si las alegaciones son desestimadas «se adoptarán las medidas necesarias para la recuperación posesoria del dominio público ocupado, entre las que se incluye el desahucio administrativo previsto en el artículo 10 de la Ley de Costas (data de 1988)».
El texto especifica que la parte del chalé que presuntamente invade la playa es «un muro de piedra natural y obra, sobre el que hay una valla metálica y zonas verdes, de aproximadamente 24 metros de longitud».
Junto con la casa de la duquesa de Alba, Costas ha anunciado la apertura de otros 27 expedientes informativos similares.
No es la primera vez que las viviendas de rostros conocidos en Marbella son noticia por su presunta ilegalidad. El actor Antonio Banderas mantuvo un contencioso similar por su casa en el municipio marbellí. El caso de «La Gaviota», que fue residencia de la periodista Encarna Sánchez, llegó hasta los tribunales después de la denuncia presentada por los residentes de la urbanización Los Monteros. Aunque un tribunal falló en su contra, finalmente, según el Ayuntamiento, la vivienda será regularizada en el próximo Plan General.