Hace unos días se levantaban de la mesa negociadora las dos plataformas comisionadas por Cultura -Redtel y la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos- para realizar un borrador sobre pautas y necesidades a la hora de legislar la red española, paso previo a redactar un proyecto de ley que debería, o sería conveniente, fuera aprobado antes de finales de año. Hay quien dice, sin embargo, que las negociaciones están ya fuera de tiempo y que sería muy difícil cumplir los plazos. Para que fuera así, ambas partes deberían llegar a un acuerdo a finales de este mes de mayo.

Legislar internet es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Gobierno español de cara a asumir la presidencia europea en 2010. Un reto al que Obama ha sumado ahora algo más de presión pues ha exhortado al Ejecutivo español a resolver un problema que ha hecho que España repita -ya estuvo el año pasado- en la Lista 301, confeccionada por la Oficina de Representación del Comercio de Estados Unidos, que cataloga a las naciones que hacen poco por respetar la Propiedad Intelectual.

El propio presidente norteamericano habría mencionado el tema a Gobierno Zapatero. Y es que al parecer, además del grave daño económico que sufren las empresas de entretenimiento norteamericanas -algunas han optado por no hacer negocio en España-, páginas ilegales cerradas en Estados Unidos estarían utilizando presuntamente servidores españoles.

La publicación de esta lista se ha dado a conocer coincidiendo además con el rechazo del Parlamento Europeo a desconectar a los usuarios sin el fallo de un juez, una medida prevista en la ley Sarkozy que el Gobierno francés -al que todos los demás países mirán de reojo- espera poder sacar adelante finalmente -su primer intento fue fallido- la próxima semana.

No criminalizar

Mientras tanto, aquí, las conversaciones entre Redtel, que agrupa a los principales operadores -Telefónica, Ono, Orange-Ya.com y Vodafone-Tele 2- y la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, formada por sociedades de gestión de derechos -SGAE, Promusicae, Egeda-, los fabricantes de software, industria cinematográfia y discográfica, se han suspendido o bloqueado. Como se quiera entender.

Según fuentes consultadas por ABC, la razón principal por la que se han paralizado -al parecer el consenso en el resto de los puntos era del 90%- es la falta de acuerdo sobre cómo frenar a los piratas. Mientras los operadores prefieren medidas disuasorias que no criminalicen a los usuarios, apoyándose en medidas administrativas, la Coalición se inclina por la desconexión durante seis meses para aquellos que persistan en su acción ilegal. Una medida que consideran no afectará a los usuarios en general, pues no todos son reincidentes. El número de usuarios particulares que podrían verse afectados se situaría en 4.500, mientras que afectaría a 70 web.

Las líneas generales sobre las que se mueven las conversaciones entre ambas partes descansan en tres puntos fundamentales. Al anteriormente mencionado, se suma la creación de una mayor y más atractiva oferta de contenidos, que motive el consumo legal, algo a lo que al parecer no estaría muy dispuesta la Coalición, pues supone una gran inversión y no está asegurado su éxito; otro de los puntos, es el de desarrollar una campaña de sensibilización, a través de programas pedagógicos.

Las negociaciones se han bloqueado, y todo apunta que tendrá que ser el Gobierno quién actúe de arbitro. Sin embargo, esta misma semana el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, emplazaba a ambas partes a volverse a sentar y a solventar sus diferencias. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ya le ha cursado una invitación a Redtel, para la que todavía no ha obtenido respuesta.

Una excusa

El tema se agrava ahora aún más ante la aprobación este viernes del anteproyecto por el que los operadores tendrán que pagar una tasa para financiar la televisión pública. Una decisión que se ha convertido en «casus belli» para los operadores. A la vista de esta nueva norma, aquéllos a los que el Ejecutivo animó a sentarse a negociar para lograr un modelo para gestionar internet -la piratería afecta principalmente a la industria de contenidos, que el año pasado perdió más de 5.000 millones, más que a los operadores-, ahora podrían seguir ralentizando las negociaciones.

Hay quien ve, en su plante ante la propuesta de la desconexión de los usuarios, una excusa para bajarse del tren de internet para subirse a otro enfocado al pleito abierto con el Gobierno por el 0,9% que tendrá que pagar a TVE.