Sábado, 09-05-09
La captura de catorce piratas en aguas de Somalia por parte del buque español Marqués de la Ensenada ha abierto una nueva brecha entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y un juez de instrucción (en esta ocasión Fernando Andreu), que nada más ser informado por Defensa, el miércoles por la noche, del apresamiento en el Golfo de Adén abrió unas diligencias previas para investigar los hechos.
Apenas veinticuatro horas después de haber ordenado prisión provisional para los siete primeros piratas -los detenidos el miércoles-, el juez Andreu, el mismo que hace unos días decidió seguir adelante con la causa abierta contra el gobierno de Israel con el criterio en contra de la Fiscalía, se vio obligado a ponerlos en libertad pese al «absolutamente probable riesgo de fuga». Y ello, con un avión de Defensa ya preparado para trasladar a España a los siete imputados por «delitos contra la comunidad universal».
El motivo que llevó a Andreu a tomar esta decisión fue la petición de libertad por parte de la Fiscalía, única acusación en la causa, y que el día anterior había solicitado prisión para dar cobertura jurídica a la detención de los piratas por parte de la tripulación del barco español.
Falta de comunicación
Fuentes del Ministerio Público explicaron que cuando la fiscal Blanca Rodríguez pidió al juez la adopción de esta medida cautelar no tenía constancia de que existía un acuerdo suscrito entre la UE y Kenia para que las fuerzas integradas de Eunavfor entreguen a Kenia a las personas «sospechosas de haber cometido actos de piratería» en aguas de Somalia. Según esas fuentes, fue el Ministerio de Asuntos Exteriores el que informó a última hora del jueves a la Fiscalía de la existencia de este acuerdo. Sin embargo, nadie informó al magistrado de la existencia de este convenio, sino que, según fuentes judiciales, el mismo miércoles, el Departamento de Carme Chacón se limitó a poner en conocimiento del juez las detenciones que se habían producido en aguas internacionales.
En un auto en el que no faltan reproches a la Fiscalía, Andreu alerta de que una vez revocada la prisión existe un «absolutamente probable riesgo de fuga» en los piratas, pero reconoce que no le queda otra opción. A lo que no está dispuesto, sin embargo, el instructor, es a archivar la causa, como también le pidió ayer la Fiscalía.
Y ello, por la «indiscutible competencia» de la Audiencia Nacional para investigar la piratería (un delito contra la comunidad universal) y todo los demás delitos que imputa a los arrestados: detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas. El juez sostiene que entregar a Kenia a los piratas «quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías de quienes al mismo se ven sujetos». Tras recordar que la causa está judicializada desde el momento en que se ha puesto a los detenidos a disposición judicial, señala que «para la entrega de cualquier persona a otro país» hay que seguir una serie de trámites procesales «que en ningún caso pueden obviarse, tal y como pretende el Ministerio Fiscal».
De esta forma, añade, «la Decisión del Consejo de la Unión Europea a que alude el fiscal no afecta ni puede afectar a personas que se encuentran inmersas en un procedimiento judicial abierto por la jurisdicción española», a las que se ha imputado, además, la comisión de delitos «de carácter muy grave» y respecto de las que se han adoptado medidas cautelares.
Andreu señala que una vez que Defensa le ha informado de estos hechos tiene la «ineludible obligación de continuar las investigaciones, aunque no pueda terminar enjuiciando a los inculpados».
